Análisis Profundo de la Ley de Subvenciones en la Comunidad Autónoma Andaluza

Las ayudas públicas son apoyos económicos o beneficios que los gobiernos o instituciones públicas ofrecen a personas, empresas o entidades para fomentar el desarrollo, aliviar situaciones difíciles o estimular determinadas actividades. Por ejemplo, las ayudas públicas pueden estar destinadas a sectores como la educación, la vivienda, la investigación, la agricultura, el empleo o la salud.

Tipos de Ayudas y Subvenciones

La legislación andaluza contempla diversas formas de ayudas públicas:

• Conceder beneficios fiscales o de cotización.
• Reducir tasas y precios públicos.
• Facilitar la financiación.
• Entregar dinero, bienes o servicios, como dar una subvención para que una persona cambie sus ventanas por otras más eficientes.

Una subvención implica una aportación de dinero al beneficiario para un objetivo específico: la subvención se condiciona a cumplir un objetivo, ejecutar un proyecto, realizar una actividad. También puede concederse ante la concurrencia de una situación concreta, como una catástrofe natural.

La ley contempla otras figuras que no entran en el ámbito de la subvención, pero es fundamental diferenciar dos procedimientos principales para su concesión:

• Concurrencia competitiva: Este es el procedimiento ordinario y más común. Se trata de un proceso en el que se comparan las solicitudes presentadas, estableciendo un orden de prelación entre ellas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras.
• Subvenciones directas: Se conceden directamente a una persona física o jurídica sin pasar por un proceso competitivo o convocatoria abierta. Por lo general, estas subvenciones están reguladas por leyes o normativas específicas y suelen estar destinadas a impulsar iniciativas clave, abordar emergencias o ayudar a sectores económicos estratégicos.

Marco Normativo y Principios Rectores

El marco regulatorio de las subvenciones en Andalucía se rige por diversos decretos y órdenes que buscan garantizar la transparencia, la equidad y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es un pilar fundamental en la regulación de las subvenciones a nivel estatal, impactando también en las normativas autonómicas.

El principio de transparencia es vital, y se le dará la ordenada publicidad a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y mediante su publicación en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

En la elaboración de las órdenes se ha tomado en consideración el principio de transversalidad del principio de igualdad de género, establecido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género de Andalucía, habiendo considerado de manera sistemática las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios que pudieran afectar al objeto de esta disposición y fomentando la igualdad de género. En base a este principio se redacta la presente orden, los cuadros resúmenes e informes con lenguaje inclusivo no sexista, de conformidad con la normativa establecida al efecto.

Subvenciones Destinadas a las Comunidades Andaluzas en el Exterior

La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, a través de la Secretaría General de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación y la Dirección General de Andalucía Global, impulsa y dirige las competencias relacionadas con los andaluces y andaluzas que residen fuera de la Comunidad Autónoma y de la ciudadanía andaluza retornada.

Las Comunidades Andaluzas han sido y son una extensa red de entidades que ha contribuido al desarrollo de la identidad andaluza en el exterior y a consolidar un importante fenómeno asociativo que merece ser atendido, acercándoles, en la medida de lo posible, la realidad actual de Andalucía más allá de los límites que impone el territorio.

Un ejemplo de esta política es la Orden de 30 de abril de 2024, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades Andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior, así como para el mantenimiento de dichas entidades (BOJA de 8 de mayo de 2024).

En lo que respecta a los requisitos que deben reunir las entidades solicitantes para la obtención de la subvención, se establecen mediante esta orden una serie de especificidades.

A efectos de imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada se estará a lo dispuesto en el apartado 5.d) de los Cuadros Resúmenes de las bases reguladoras correspondientes a ambas líneas de subvenciones. Tales costes deberán corresponder al período en que efectivamente se realice la actividad subvencionada y podrán suponer un 15% del presupuesto total aceptado.

Se prevé igualmente el sistema de reparto del prorrateo en el apartado 5.b) de los Cuadros Resúmenes de las bases reguladoras correspondientes a ambas líneas de subvenciones, ya que se considera esta asignación del importe de las subvenciones como la regla más proporcional y lógica para la concesión atendiendo a la naturaleza de las mismas, considerándose que este sistema de reparto proporcional sería más justo y equitativo.

Por último, con respecto a los criterios de valoración fijados en las presentes bases reguladoras se han incorporado algunos de los criterios enumerados en el artículo 15.2 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

Apoyo a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, contempla como forma de descentralización en la gestión municipal, entre otras, la figura de las entidades locales autónomas. Estas entidades están concebidas como entidades con personalidad jurídica propia, creadas para el gobierno y administración de sus propios intereses diferenciados de los generales del municipio, a cuyo efecto ostentan la titularidad de competencias propias y las que pueden serles transferidas por el ayuntamiento.

De esta forma, las entidades locales autónomas se comportan a efectos prácticos como pequeños municipios dentro del propio municipio, asumiendo respecto a sus vecinos la prestación de servicios que ya no serán prestados por el municipio sino por la entidad local autónoma.

Sin embargo, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, cambió sustancialmente el régimen de las entidades locales autónomas, esencialmente para reducirlas a figuras desconcentradas sin personalidad. En este sentido, estas entidades locales autónomas vienen arrastrando una situación económica desfavorable de manera estructural y derivada en parte de la asunción de competencias que, a priori, corresponderían al municipio matriz.

La referida norma autonómica, en su artículo 191, determina que las haciendas locales andaluzas deberán regirse por los principios de suficiencia de recursos para la prestación de los servicios que les corresponden, autonomía, responsabilidad fiscal, equidad y solidaridad, siendo estos los principios que constituyen el verdadero fundamento de la financiación local.

Para poder desarrollar las competencias asignadas a este tipo de entidades, el artículo 130 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, regula los recursos financieros de las entidades locales autónomas. No obstante lo anterior, con este nuevo recurso financiero, en su configuración actual, no se satisfacen las necesidades financieras de las mismas, debido a que el reparto establecido no las considera como entidades independientes como los municipios, sino que se les asigna únicamente la parte proporcional que corresponde al municipio del que dependan, en función de su población.

Por tanto, la presente norma viene a paliar esta necesidad económica de las entidades locales autónomas con carácter permanente, mediante la creación de un fondo de financiación incondicionada, que contará con una dotación inicial de dos millones y medio de euros e iniciará su primer ejercicio para el año 2022. A la Consejería competente en materia de Administración Local le corresponderá la gestión de la sección presupuestaria señalada.

A efectos del correspondiente reparto del crédito disponible, las entidades locales autónomas han sido clasificadas, atendiendo a su población, en tres grupos, a los que se les ha aplicado un coeficiente corrector para que el cálculo final de la dotación asignada a cada una de ellas sea lo más justo y equitativo posible, todo ello dirigido al logro de un uso más eficiente de los fondos públicos disponibles.

Clasificación de Entidades Locales Autónomas por Población

Nota: Los valores de los coeficientes X, Y, Z son indicativos y se definen en la normativa específica para cada ejercicio.

Modificaciones y Urgencia por la Situación del COVID-19

Se introducen modificaciones en los plazos de presentación de las solicitudes de las ayudas reguladas en el Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas, y en el Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos por agrupaciones, consejos, federaciones, uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se modifican otras disposiciones.

Asimismo, se incluye la modificación del artículo 36 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria existente para la medida adoptada y estando próximo a finalizar el plazo de presentación de solicitudes establecido en el citado artículo, con objeto de apoyar al mayor número posible de empresas y, con ello, el empleo de las personas trabajadoras.

El capítulo II del citado decreto-ley tiene por objeto aprobar y convocar una línea de subvenciones dirigida al mantenimiento del empleo asalariado en empresas, excluidas las del sector público, afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo tras la declaración del estado de alarma. Uno de los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la medida regulada es realizar alguna de las actividades económicas (principal o complementaria) encuadradas en los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que se recogen en el anexo I del citado decreto-ley.

El sector de la industria de la piedra, a semejanza de otros con los que pudiera estar relacionado, que abarcan el desarrollo de actividades económicas encuadradas en CNAES, que sí se han incluido en el citado de anexo, como la «Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica» (CNAE 2331) o la «Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental» (CNAE 2341), ha resultado igualmente afectado por la situación que justifica la aprobación de la medida de mantenimiento del empleo adoptada.