La Sierra de Ávila se Alza Contra la Minería de Feldespato: Un Conflicto de Modelos de Desarrollo

La Sierra de Ávila, la más modesta de las tres alineaciones montañosas que forman el Sistema Central en esta provincia castellana, se ha convertido en el epicentro de una intensa pugna. Separada de la famosa Sierra de Gredos por las de la Paramera y Serrota, carece de la altitud, el renombre y los recursos naturales de su hermana mayor. Esta comarca ha sufrido un fuerte proceso de despoblación y envejecimiento, con apenas tres habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la convierte en una de las zonas menos densamente pobladas del Estado. Las malas comunicaciones, la falta de servicios y la escasa proyección económica han agravado esta situación. Además, según José Martín, alcalde de Cillán, esta comarca no ha recibido en los últimos años un solo euro de los fondos de ayudas para el turismo, yéndose el grueso hacia Gredos.

Para romper con esta deriva, hace dos años y medio, un grupo de vecinos y personas vinculadas a la sierra decidieron crear un plan de dinamización económica sostenible denominado 'Vivir en mi pueblo'. Juan Carlos Soto, concejal por Equo en Majabálago y Ortigosa de Ríoalmar, participa en esta iniciativa y cuenta cómo han desarrollado varios ejes de trabajo como la artesanía, la apicultura o el turismo sostenible, celebrando seminarios permanentes de periodicidad quincenal.

El Origen del Conflicto: La Mina de Feldespato

En este contexto, la noticia de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del 28 de septiembre, sobre la tramitación de un expediente para la explotación de una mina a cielo abierto para la extracción de feldespato en el Cerro Gorría, máxima elevación de la Sierra con 1.726 metros de altitud, generó una fuerte reacción. El Cerro Gorría ya estaba afectado desde 2008 por la construcción de un parque eólico.

Pocos días después, se constituyó la plataforma No a la Mina en la Sierra de Ávila, celebrando sus primeras reuniones en Sanchorreja y Balbarda, dos de los pueblos más afectados. Estas reuniones congregaron hasta 150 personas, una cifra exitosa en poblaciones que en su mayoría no llegan al centenar de habitantes, según Sara de la Paz, portavoz de la plataforma.

Este éxito se debe "al impacto ambiental, pero también al afectivo, que perciben los habitantes de la comarca", expone Soto, para quien el mayor éxito ha sido "romper la barrera psicosocial del miedo". En una comarca envejecida y despoblada en el corazón de una provincia tradicionalmente conservadora, ha surgido un movimiento popular que ha superado cualquier expectativa, llegando a sumar un total de 115.000 firmas en una plataforma de internet.

Además, se han presentado más de 4.000 alegaciones al proyecto desde múltiples entidades, más del doble de las que se presentaron en su día contra la privatización del agua por parte de Bezoya en la vecina comarca del Corneja. Dado este volumen de alegaciones, se prevé que la Junta no se pronuncie al respecto hasta febrero o marzo.

Apoyos y Oposiciones al Proyecto Minero

En los municipios de la sierra, la práctica totalidad de los habitantes está en contra del proyecto minero, tal como corroboran Sagrario Martín, concejal de Sanchorreja por el PSOE, y Óscar Jiménez, alcalde de Narrillos del Rebollar por el PP. Sin embargo, el tema de la mina ha servido para alimentar el debate entre los partidos a nivel provincial y autonómico. Desde los sectores más contrarios al proyecto, se ha acusado al Partido Popular de haberse "puesto de perfil" en un primer momento para terminar sumándose al rechazo ante la presión popular. La propia empresa promotora comparte esta visión.

Sin embargo, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, presidente de la Diputación por el PP, afirma que su postura siempre ha sido la de "estar vigilantes ante el proyecto y respetar la legalidad, ya que, como institución, tomar una postura a favor o en contra sería prevaricar". La presentación de alegaciones forma parte para Sánchez Cabrera de las obligaciones de la Diputación, más aún si se tiene en cuenta que los municipios afectados son muy pequeños y carecen de recursos para realizar estos trámites.

Al margen de las disputas partidistas, parece que casi nadie quiere oír hablar de la mina, a pesar de los beneficios en cuanto a creación de puestos de trabajo e impuestos municipales que podría proporcionar, según promete Adolfo San Martín, portavoz de la empresa Antonio y Javi, SL, promotora del proyecto. Los motivos de esta oposición son la desconfianza ante una empresa que identifican de poco confiable y, sobre todo, las consecuencias que el proyecto podría tener en la salud de los vecinos y en el medio ambiente de la zona.

San Martín se defiende de las acusaciones de escasa fiabilidad de una empresa con un capital social de poco más de 3.000 euros, alegando que es el suficiente para esta fase del proyecto y que la ley prevé el depósito de unos avales en caso de que el proyecto comience a ejecutarse. Tanto desde esta empresa como desde Promiex, la encargada de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, tachan los argumentos de la plataforma de poco rigurosos, rechazando la gravedad de las afecciones tanto al agua como al aire y calificando los riesgos señalados para la salud de las personas y del ganado como alarmistas. Por otra parte, justifican la necesidad de extracción del feldespato, sobre todo para la industria cerámica de Castellón, que actualmente lo importa desde Turquía, donde las condiciones tanto laborales como medioambientales de la minería son mucho peores, argumentan.

Críticas al Estudio de Impacto Ambiental y la Ley de Minas

Muy diferente es la visión de Centáurea, asociación ecologista que trabaja sobre todo en Ávila y Segovia, que califica de pésimo el Estudio de Impacto Ambiental y señala que este se centra en aspectos mineros y olvida otros tan importantes como la existencia de dos espacios protegidos prácticamente colindantes a la mina: la Zona de Especial Protección de Aves Encinares de la Sierra de Ávila, con presencia de especies en peligro de extinción, y el Lugar de Interés Cultural del mismo nombre, ambos incluidos en la Red Natura 2000.

Consideran innegables los daños paisajísticos y acústicos, y la presencia de polvo desde la primera voladura, como sucede en cualquier cantera, y reclaman que la Confederación Hidrográfica del Duero se pronuncie sobre las afecciones al agua. También señalan irregularidades en la tramitación del proyecto y denuncian la vigente Ley de Minas del año 1973 por obsoleta, al no recoger planteamientos ecosistémicos que ya están en la legislación europea. Por todo ello, instan a la Junta de Castilla y León a que se oponga al proyecto extractivo y se decante claramente por una política de protección en la zona, debido a sus valores ambientales, humanos y culturales.

Tampoco desde Comisiones Obreras aceptan las bondades del proyecto. Carlos Tomás Rodríguez, responsable provincial de medio ambiente en el sindicato, señala que serían mayores los costes públicos en las infraestructuras necesarias y la destrucción de riqueza y patrimonio que los supuestos beneficios a nivel de empleo en un sector arrasado por la burbuja inmobiliaria y "del que ya conocemos su situación de crisis y sus ERE".

También sospecha de especulación y denuncia la ausencia de un estudio de viabilidad económica del proyecto. A este respecto, para la central sindical, la tramitación del expediente está viciada desde su inicio en 2007, cuando se aprobaron los permisos de investigación sin sus preceptivos estudios de impacto ambiental. Esta desconfianza en la delegación provincial del Servicio de Minas de la Junta, es compartida por la plataforma, que denuncia la ausencia de hasta 131 hojas en los expedientes que les han facilitado. Este supuesto oscurantismo, sumado a la sospecha de que la concesionaria sea una "empresa pantalla", hace recelar al colectivo de un proyecto que no es aislado, sino que forma parte de una serie de concesiones que podrían afectar a más de 1.000 hectáreas de la sierra. Por ello, piden a la Junta que lo rechace.

Un Modelo de Desarrollo en Disputa

Al margen de los detalles técnicos, parece que este conflicto no se circunscribe a la mera instalación de una cantera, que según la empresa sería positiva para los valores de la zona, sino que pone sobre la mesa la pugna entre dos modelos opuestos: uno basado en el desarrollismo y otro que pretende apostar por la sostenibilidad, en una comarca herida de muerte por la despoblación y el envejecimiento.

El proyecto ha sacado a la luz dos concesiones anteriores. La primera -Palmerán- fue otorgada en 2001 a cuatro sociedades, entre las que figura Antonio y Javi SL. En 2007, esta empresa solicitó un proyecto de investigación sobre 434 ha. denominado Leito, que les fue concedido. Dentro de este se enmarcan los trámites de explotación actuales.

Las tres plataformas en contra de las minas en Ávila han participado, invitados por Ecologistas en Acción, en el evento celebrado en Madrid bajo el lema “Las minas nos matan. Protejamos el suelo de la especulación minera”. En el mismo se desgranaron algunos de los puntos clave sobre la estrategia minera que amenaza a España y se aportaron datos llamativos como las 2.000 solicitudes de concesiones existentes en el territorio español. En el marco de la editorial “Traficantes de sueños”, Paula Tordesillas, coordinadora de la campaña “Salva el suelo”, de Ecologistas en Acción, destacó que entre los objetivos de “People4Soil” figura establecer el suelo como patrimonio común necesitado de protección, con un marco jurídico vinculante, que incluya sus principales amenazas, entre las que se podría encontrar la minería. Una de las tendencias que se están dando actualmente es la de la minería a cielo abierto, con los problemas que la misma acarrea. "Se necesitan grandes cantidades de agua que las poblaciones afectadas no tienen. Contaminación acústica e hidráulica. Riesgos para la salud. Consecuencias a las que Elena Solís, abogada y activista contra el proyecto minero de tierras raras, previsto en el Campo de Montiel, en Ciudad Real, añadió el efecto de la despoblación porque “al final la gente se tiene que ir de su tierra”. Esto ocurre porque la Ley de Minas del 73 permite la expropiación allí donde hay recursos mineros, con un periodo de explotación de hasta 90 años. Para Elena Solís, la especulación se produce porque ya no hay recursos. La construcción ha caído en picado, el petróleo está en crisis… el siguiente paso es la minería, aseguró. ¿A quién dan las tierras? “A individuos que vienen de fuera”, afirmó, “que en muchos casos no tienen experiencia minera y especulan con los derechos mineros. Es más, manifestó que la Ley de Minas del 73 hace posible que las empresas sean indemnizadas si el proyecto no llega a buen fin, ya que los mismos se pueden asegurar. Las compañías mineras aseguran la posibilidad de que no salga la mina y si esto ocurre, cobran los seguros. La aseguradora se peleará en los tribunales con la CC.AA.

Otros Proyectos Mineros en Ávila

Olga Herrero, portavoz del Valle del Corneja, dio a conocer que la provincia abulense está aquejada, de momento, por 4 expedientes mineros, de los 33 previstos. Tres plataformas para tres realidades diferentes, ya que cada una está en diferente fase y en las que se pretende extraer feldespato para explotarlo en empresas de Levante. La Sierra de Yemas afronta, con el permiso de investigación, la fase inicial del proyecto Riofrío 1.146, ante la que han presentado 11.000 alegaciones en contra. El Valle de Corneja, con dos expedientes en vigor: Sonsoles 1.138 y Villatoro 1.143, ha recurrido con 4.500 recursos de alzada contra el permiso de extracción.

Ubicadas en zonas de alto valor ecológico y etnográfico, estas tres zonas pretenden ser explotadas por empresas como Antonio y Javi S.L. (ajena al sector minero) y Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles S.L., especializada en la construcción. Por su parte, el portavoz de la Sierra de Yemas denuncia el “oscurantismo” consciente de las empresas mineras y de las secciones de Minas de la Junta de Castilla y León, en Ávila. Asegura que los proyectos abulenses se están tramitando y saliendo a información pública con cuentagotas, porque si salieran a la luz los 33 en bloque, la Administración estaría obligada a llevar a cabo un plan respecto al cambio de desarrollo económico de la provincia, con su consecuente estudio de impacto ambiental ordinario. Así lo establece la Ley 21/2013, y obligación del periodo de información pública, donde todos y cada uno de los abulenses podrían alegar qué futuro vital, económico y de subsistencia quieren para ellos y para sus descendientes.

Aquejados por la misma estrategia minera, pero con el proyecto más avanzado de cuantos se expusieron, se encuentran los vecinos de Retortillo, en Salamanca, quienes se oponen a la mina de uranio en sus tierras. José Ramón Barrueco, portavoz de la plataforma “Stop Uranio”, recuerda que la multinacional australiana Berkeley ha obtenido la declaración de impacto medioambiental favorable por parte de la Junta y concesión minera, aunque le falta la autorización de construcción de la planta de beneficio de mineral con informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear. Todos los participantes en este evento, aquejados por proyectos especuladores depredadores similares, consideran necesario “estrechar lazos, buscar espacios de lucha en común y elevar la protesta de sus respectivas minerías provinciales a un plano nacional, ya que el problema es común en toda la nación”.

La Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León

Las plataformas “No a la mina en la Sierra de Ávila”, “No a la Mina en la Sierra de Yemas” y “No a la mina en el Valle del Corneja” consideran que la nueva Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020, aprobada por la Junta de Castilla y León, con nocturnidad y alevosía, en plena época estival, constituye un verdadero despropósito para Ávila, por tener como único fin el fomento y promoción de la minería. Con el agravante de que para ello utiliza recursos públicos que podrían dedicarse a servicios sociales que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos.

Sin embargo, destacan que puede ser apropiada para otras provincias, atendiendo a la diversidad de cada territorio y sus necesidades particulares como Palencia, Burgos o León, esta última aquejada por una fuerte reconversión minera. El único fin de esta estrategia es considerar susceptible de explotación cualquier mineral que se encuentre sobre el territorio, independientemente de su impacto ambiental, lo cual supone una amenaza para los entornos rurales y naturales de la provincia y de la población que en ellos se asienta, despreciando las actividades económicas arraigadas en los municipios. Y es que si bien, en ella se habla sobre sostenibilidad, se confunde el concepto de sostenibilidad con el de viabilidad presente y futura de la minería. El concepto de sostenibilidad incluye, además del respeto al entorno medioambiental, la viabilidad del resto de actividades en el presente y en el futuro.

Sin embargo, en un intento desesperado por convencernos de algo incomprensible, la Consejera de Economía, Pilar del Olmo, resalta que la minería es un nicho de empleo y fija población en el medio rural. Otros datos vienen a desmontar lo argumentado por la Junta y es la irrelevancia del sector minero, que solo supone el 0,4% de los ocupados en Castilla y León.

Datos Clave sobre el Empleo en el Sector Minero en Castilla y León

Es más, en el caso de minerales industriales, entre los que se encuentran las arenas feldespáticas que pretenden extraerse, supone tan solo el 0,05%, habiéndose destruido más de 80 empleos en 8 años (de 2007 a 2014), el equivalente al 17% del total. En cuanto a los datos que aporta sobre el empleo: 483 explotaciones mineras activas en Castilla y León, en las que trabajan más de 4000 personas, solo supone una media de 8,2 trabajadores por explotación minera.

En cuanto al apartado de recursos energéticos, que son los que más ratio de explotación tienen en nuestra comunidad, se especifica el auge de las labores a cielo abierto frente al proceso de abandono definitivo de la minería de interior. El problema estriba en que los trabajos de extracción en la minería a cielo abierto se desarrollan, actualmente, principalmente con explosiones de material explosivo y manejo de materiales con maquinaria pesada, lo que indica una muy baja necesidad de personal en la explotación y con una alta cualificación y formación. Formación con la que no cuenta nuestra población rural.

Por otro lado, en esta estrategia no se tiene en consideración el impacto sobre las zonas afectadas por la actividad minera en el entorno, (aunque sí se muestra preocupación por los problemas y aspiraciones de la minería). Un impacto que derivaría en una gran contaminación acústica, atmosférica e hídrica que afectaría muy negativamente a nuestra ganadería, fauna y condiciones sanitarias e higiénicas de los habitantes de los pueblos próximos.

También queremos reflejar que una de las 33 medidas presentadas por la Junta pretende promover a las micropymes en el medio rural afectado por la minería, y el apoyo a las ya existentes. En este sentido, nos gustaría que proporcionaran un mayor impulso a las micropymes que quieran dedicarse a la ganadería y a la agricultura, debido al gran potencial ganadero y agrícola que tiene nuestra provincia.

Desde las plataformas nos preguntamos si tienen en cuenta “el peligro” que suponen para la economía abulense compañías como Antonio y Javi S.L. o “Transportes, excavaciones y hormigones Sonsoles S.L.”, cuyo “objeto de deseo” son la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja. ¿El objetivo de ambas? Extraer el feldespato de estas tres zonas para, posteriormente, llevarlo a Levante, donde las empresas de la comunidad valenciana se quedarían con un negocio que debería pertenecer a las empresas abulenses. En este sentido, nos gustaría conocer si este es el ideal de empresa minera que promueve la Junta, la de unas organizaciones que en lugar de crear puestos de trabajo en nuestra provincia se lo llevan fuera de ella y la de unos empresarios mineros, que tal y como demuestra la historia, cuando abandonan su objetivo, dejan un paraje caótico en el que la restauración que deberían haber llevado a cabo tras los permisos de investigación, brillan por su ausencia. En definitiva, desde las tres plataformas entendemos que la Junta pretende convertir a Ávila en una provincia a esquilmar y explotar en todos los minerales que sean susceptibles de ello.

Reactivación de la Plataforma "No a las Minas en Ávila"

Con motivo del proyecto Salávila para la instalación de una explotación minera a cielo abierto en los términos de San García de Ingelmos y Blascomillán, se comunica que se reactiva la plataforma ciudadana 'No a la Minas en la Sierra de Ávila', bajo el nombre esta vez de 'No a las Minas en Ávila'. Al mismo tiempo, denuncia "la supuesta regularidad en el procedimiento administrativo", ya que no ha sido puesto en conocimiento de los mayores afectados: propietarios y ayuntamientos, lo que ha creado un estado de indefensión al no haber podido hacer las alegaciones oportunas en tiempo y forma. La Plataforma aboga por el cambio de la ley, que data de 1975, para que la propiedad privada sea inalienable, ya que, según esta ley, cualquier empresa extractiva puede quitar sus tierras a cualquiera por un supuesto "interés general" y destrozarlas para dedicarlas a sacar minerales del subsuelo.