Arturo Fernández: Un Repaso a su Patrimonio, Empresas y Controversias

Arturo Fernández, una figura prominente tanto en el mundo del espectáculo como en el empresarial español, dejó un legado complejo tras su fallecimiento en julio de 2019. Su vida estuvo marcada por una exitosa carrera artística y una serie de emprendimientos que, en ocasiones, estuvieron envueltos en la polémica. Esta artículo explorará diversos aspectos de su vida, desde su patrimonio personal hasta las controversias de sus negocios.

El Patrimonio Inmobiliario del Actor

La familia del actor Arturo Fernández, fallecido en julio de 2019, ha puesto a la venta la casa del actor, un exclusivo chalé a las afueras de Madrid por 840.000 euros. El chalet se encuentra en una zona exclusiva al norte de la capital, en la Urbanización Fuente del Fresno, como ya adelantó la revista Semana. La casa mantiene el diseño original de los años 80 y cuenta con 400 m2 construidos sobre una parcela de 2.500 m2. Dispone de cinco habitaciones (una en suite), cuatro cuartos de baño, salón, comedor y cocina. Además, tiene una buhardilla en la planta superior con salida a una amplia terraza y una planta sótano.

Toda la superficie de la parcela está ajardinada, con césped, plantas y árboles, y cuenta con una amplia piscina. Esta residencia madrileña del matrimonio, que Arturo Fernández mostró sin problemas en varios programas de televisión, era la 'joya de la corona' de su patrimonio. Arturo y Carmen Quesada vivían en una urbanización de San Sebastián de los Reyes, en una finca verde de cerca de 1.800 metros cuadrados. La casa, remozada en los años 80, contaba con todas las comodidades, incluida una piscina donde el intérprete presumía de meterse hasta en invierno. La mansión, de 410 metros cuadrados construidos, fue heredada por sus hijos, que justo antes de la pandemia decidieron ponerla a la venta por 840.000 euros, aunque sin demasiado éxito. El anuncio seguía activo meses después y la familia se negaba a abaratar el precio. La inmobiliaria que lo llevaba hablaba entonces con Vanitatis y daba detalles de cómo era la vivienda: "El salón y el dormitorio se encuentran en una misma planta, es un lujo en ese sentido".

Al final, los hermanos consiguieron venderla. Ha sido uno de los tres quien se la ha quedado, adquiriendo su parte a sus hermanos. La operación se cerró el pasado mes de octubre y ha sido "una alegría" para todos que la casa permaneciera dentro del entorno familiar. Además de estas dos casas, Arturo tenía varias propiedades en Madrid, como un apartamento de menos de 50 metros cuadrados en pleno Chueca, plazas de aparcamiento o una oficina en la avenida de Manoteras. También tenía una propiedad en Villaviciosa.

Chalet de Arturo Fernández en la Urbanización Fuente del Fresno, Madrid.

El Legado de Jandro Producciones S.A.

Arturo y Carmen, que nunca quisieron legalizar su situación, mantenían una relación sentimental pero también profesional. Carmen, que es abogada de profesión y tuvo bufete propio durante casi una década, era también directora gerente de la productora de Arturo, Jandro Producciones S.A. Pero unas semanas después del fallecimiento del actor, al poner en orden sus asuntos, la productora pasó a manos de Arturo hijo. La sociedad se constituyó en el año 1989 para producir espectáculos de teatro. En sus últimas cuentas públicas, correspondientes al ejercicio 2018, facturaron más de medio millón de euros, pero sin Fernández no tenía sentido seguir con ella. Arturo hijo ha decidido disolverla de forma voluntaria, de lo que dio cuenta el Borme la semana pasada. La otra gran pata de Jandro Producciones era Carmen Quesada, que tiene una 'nueva vida' desde que se mudó a Marbella.

La "Playa de Madrid" y el Grupo Cantoblanco: Un Caso de Deudas

El declive de Playa de Madrid llegó en octubre de 2014 cuando, tras más de 15 años de gestión por parte del grupo Cantoblanco, Patrimonio Nacional desahució a la empresa del Club Deportivo Playa de Madrid, tras acumular una deuda de 800.000 euros. Patrimonio sigue gestionando la propiedad, sin embargo, “parece difícil que pueda alquilarlo viendo la crisis económica que se avecina”, afirmó Arturo Fernández este verano a Invertia. De hecho, hace unos años el Ayuntamiento de Madrid recibió una propuesta vecinal para reactivar este espacio. Antes del grupo Cantoblanco, era Telefónica quien gestionó este espacio para sus empleados y socios.

La playa artificial de Madrid fue construida por el arquitecto Manuel Muñoz Monasterio entre 1932 y 1935 en la zona de El Pardo, cerca del actual Hipódromo de la Zarzuela y a la altura de la desembocadura del Arroyo del Fresno. Durante la Guerra Civil quedó seriamente dañada, pero se reconstruyó en 1947. Fue todo un icono madrileño de la época y un lugar de recreo para los ciudadanos; sin embargo, poco queda de aquella playa. El juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid ha declarado la conclusión del procedimiento concursal, el cese de la administración concursal y la extinción de Playa de Madrid SA. El auto de conclusión del concurso es la insuficiencia de la masa activa, según consta en la edición de este 29 de diciembre del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Esto sucede a raíz de que el deudor no tiene suficiente patrimonio con el que pagar a los créditos de sus acreedores.

El grupo de empresas de Arturo Fernández, reelegido en marzo pasado como presidente de la patronal madrileña, CEIM, seguía acumulando pufos. Según fuentes de Patrimonio, la Abogacía del Estado ultimaba los detalles de una demanda contra Playa de Madrid, S. A., perteneciente al grupo de empresas Cantoblanco, para reclamarle deudas acumuladas por un importe de más de 800.000 euros. Patrimonio Nacional ha desahuciado al Grupo Cantoblanco, propiedad del presidente de CEIM, Arturo Fernández, del Club Deportivo Playa de Madrid, tras acumular una deuda de 800.000 euros correspondiente a dos anualidades.

Así se lo confirmaron a Europa Press fuentes de Patrimonio Nacional, propietario de los terrenos, que explicaron que ante el impago del alquiler y de otras obligaciones, como algunos impuestos, se iniciaron los procedimientos judiciales pertinentes en el mes de junio a través de la Abogacía del Estado. Patrimonio explicó que terminó el plazo para el pago de la deuda establecido por la comisión judicial, por lo que la policía judicial acudió al centro deportivo para hacer efectivo el cese de actividad, una circunstancia de la que los trabajadores no tenían conocimiento. Además, se ha dado un plazo de 15 días a la empresa para que retire el material. Según las fuentes consultadas, por el momento no está previsto que el recinto salga a concurso. El presidente de la patronal madrileña deja en la calle a 3.500 socios de un club recreativo.

Operarios de Patrimonio Nacional colocando candados en la entrada de La Playa de Madrid tras el desahucio del Grupo Cantoblanco.

Dos operarios de Patrimonio Nacional colocan candados en cada puerta de La Playa de Madrid, un club recreativo pegado al hipódromo de La Zarzuela. Cuatro agentes de la Policía Judicial entraron a media mañana con la orden de desahucio. El monitor de patinaje sobre ruedas logra salvar los patines y el resto del material antes de que se precinte la finca. Los trabajadores del Grupo Arturo, el consorcio del presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, hacen un último servicio a la empresa y cuelgan un cartel en la verja de la entrada: "Por causas ajenas a la dirección la instalación Playa de Madrid permanecerá cerrada hasta nuevo aviso". Esas causas ajenas no lo son tanto. Según fuentes internas, el Grupo Arturo, debe dos años de alquiler a Patrimonio Nacional, el propietario del suelo sobre el que se extienden cinco piscinas, pistas de pádel, de tenis, frontón y minigolf. En total, 800.000 euros. Los 3.000 socios que se quedan en la calle después de haber pagado sus cuotas, trimestrales o de todo el año, tampoco sabían nada. La sociedad recreativa languidece desde los años 80 cuando era propiedad de Telefónica y llegó a sumar 7.500 socios. Entre las pocas inversiones de los últimos meses, un castillo hinchable que hizo fortuna entre los más pequeños. La empresa instaladora también está a la cola para cobrar. 800 euros.

Controversias y Acusaciones: El Empresario Arturo Fernández

Las aguas no bajan muy tranquilas por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, una corporación de derecho público tutelada por el Gobierno regional. Su expresidente, Arturo Fernández, es uno de los procesados por la Audiencia Nacional en el caso de las 'black' (cargó a Caja Madrid 37.326 euros con las tarjetas opacas durante su etapa como consejero de la entidad). Otro juzgado, el número 46 de Madrid, investiga si la cámara financió irregularmente a algunas asociaciones empresariales, un caso que también ha salpicado a otro expresidente de la institución, Salvador Santos Campano. Además, el actual director gerente, Carlos Prieto, también está siendo investigado por los tribunales por la contratación del arquitecto que realizó las obras en una de las sedes de la cámara. Sin olvidar que la oposición en la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos, han pedido las cuentas ante las acusaciones de opacidad e irregularidades.

El Misterio del Fondo de la Fundación de la Cámara de Comercio

A todo ello, se suma un nuevo problema interno. Varios empresarios, vocales titulares del pleno de la cámara, han enviado una dura carta al secretario general pidiendo que se active la fundación que la cámara creó en el año 2005 y sobre todo que se aclare dónde está el fondo económico que tenía la misma, una suma de 403.198 euros. "Se nos ha adelantado que de la cantidad depositada en su día en la cuenta de la fundación se ha dispuesto de diversas cantidades. Unas pretenden justificarse como pagos en el inmueble de Huertas 13. Otros, como posibles gastos en las gestiones para su actual activación", reza la misiva. El Palacio de Huertas (en la calle del mismo nombre) es una de las sedes. "Incongruentes justificaciones que rechazamos reservándonos el derecho de las actuaciones que proceda, incluso de orden penal si se demuestra que ha habido negligencia en la administración de fondos públicos o de terceros, o se han aplicado los fondos a fines distintos para los que fueron aportados en su día por la cámara". La carta está firmada por los empresarios Antonio Cebrián y Alberto Arranz, "en nombre propio y representación de un grupo de vocales del comité ejecutivo provisional de la fundación de la cámara de Madrid".

La carta, entregada a finales de octubre de este año, revela que el pleno de la cámara decidió un año antes, en octubre de 2015, activar la fundación, cuya actividad lleva tiempo paralizada. Para ello, en enero de 2016, Arturo Fernández, que seguía siendo presidente de la cámara y por tanto de la fundación (dimitió en febrero), nombró un comité ejecutivo para reactivarla mientras se constituía el patronato. "Han transcurrido nueve meses sin que la reunión para su constitución se haya producido. Para poner fin la situación de parálisis pedimos que el pleno apruebe la inmediata convocatoria de la reunión donde quede constituido el patronato", explican los empresarios. "Hemos tenido finalmente conocimiento de que la demora en el cumplimiento de la orden del pleno de proceder a la constitución del patronato, que tiene que realizar los trámites necesarios para el inicio de sus actividades, está motivada por considerar que la situación de investigado de Arturo Fernández le hace incompatible para el cargo [de presidente de la fundación]. Sorprendente conclusión ya que la fecha en la que [Fernández] propuso el nombramiento del comité ejecutivo las causas alegadas ya eran conocidas, al igual que la situación jurídica del señor Fernández", señala la carta. En conversación con El Confidencial, Alberto Arranz, uno de los firmantes de misiva, asegura que no entiende por qué la cámara no quiere activar la fundación si ya está aprobado desde hace meses. "Parece que hay una mano negra detrás", señala.

Plan de Viabilidad Económico

Según este grupo de empresarios, la Comunidad de Madrid impone que antes de su activación "la fundación presente un plan de viabilidad financiera y especifique un proyecto de actividades. Obviamente dicho trámite no puede ser confeccionado por otro órgano que el propio patronato". En este punto entra en juego la partida de 403.198 euros. "Queremos que nos explique dónde está ese dinero", señala Arranz. Un portavoz de la cámara asegura que la fundación se creó en abril de 2005 y que actualmente se encuentra inactiva. "No cabe iniciar la actividad propiamente fundacional sin la presentación a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid de un presupuesto realista y ajustado, y una memoria de actuaciones que garantice el principio de autofinanciación".

La fundación se dotó con 30.000 euros en 2005 y con 70.000 euros en 2006. Según la cámara, el fondo económico de 403.198 euros "al que se hace alusión es el importe de una partida presupuestaria denominada Gastos institucionales-Fundación Cámara' que se había incluido en los presupuestos de la propia cámara del años 2005 para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento del edificio de la calle Huertas, donde se estaba barajando la posible ubicación de la fundación". Según el mismo portavoz, lo que ha llevado a confusión es la "denominación de la partida presupuestaria, ya que debería haberse llamado Gastos institucionales-Huertas 13, ya que se trata de una partida para el mantenimiento de ese edificio, la sede institucional de la cámara". De ese presupuesto la cámara ya ha gastado 197.025 euros "en concepto de gastos generales de mantenimiento del edificio de la Calle Huertas, 13, como seguridad, luz, limpieza, mantenimiento... Según los principios contables, una vez cerrado el presupuesto, las cantidades pendientes no gastadas dejan de estar disponibles, habiendo sido aprobada dicha liquidación presupuestaria por el comité ejecutivo, pleno y Comunidad de Madrid". Un portavoz de la Cámara asegura que el nombre de la partida de 403.000 euros lleva a error, ya que ponía fundación cuando era para obras de su futura sede. Los empresarios relatan en su carta que "la efectiva cesión del edificio [de la calle Huertas]" a la fundación "nunca fue llevada a cabo. Sin entrar en razones que lo impidieron o lo demoraron, no se puede atribuir gastos de obras y reparaciones a la cuenta de la fundación por un edificio que sigue siendo propiedad de la cámara [...] si la fundación no tiene propiedades, ni ha llegado a activarse, ninguna imputación de gastos cabe realizar con cargo a sus cuentas".

Otros Casos de Corrupción y Presuntas Irregularidades

Arturo Fernández fue uno de los procesados por la Audiencia Nacional en el caso de las 'black' (cargó a Caja Madrid 37.326 euros con las tarjetas opacas durante su etapa como consejero de la entidad). Imputado por el caso Bankia, Fernández, que también explotaba el Club de Tiro de El Pardo, vendió a finales del año pasado el 51% de su centenaria empresa a la firma de inversión Real Investment Holding por 50 millones de euros. La empresa estaba perdiendo un rosario de contratos públicos tras desvelarse los pagos en negro a algunos de sus trabajadores y los impagos a la plantilla. El empresario madrileño, Arturo Fernández, ha matizado sus palabras acerca de "sobresueldos en B" a sus empleados y ahora se muestra más conciliador. Aseguró que "la información es un poco exagerada en todos sus términos", y que no hay "nada de lo que preocuparse". "La información es un poco exagerada en todos sus términos. ni es blanco ni es negro las cosas en esta vida. Precisamente cariñosa, lamento tener enemigos. trabajador que me ha denunciado. cariño”, ha concluido. La empresa de Arturo Fernández es todo un imperio del catering. "esto de encima de la forma más rápida posible". Fuentes jurídicas. rehacerlas el tema se abordó de "una forma muy escueta".

Arturo Fernández en una imagen de archivo.

Se sospechaba que estos bienes habían sido presuntamente adquiridos para lavar parte de los fondos saqueados de la petrolera venezolana por su padre. Entonces, Rincón Bravo aseguró ser inocente y negó que sus propiedades y bienes en España hubieran sido comprados con el dinero que su padre admitió ante las autoridades estadounidenses haber conseguido tras sobornar a funcionarios chavistas. La causa, que se había iniciado en la Audiencia Nacional pero que luego saltó a los juzgados ordinarios, aún sigue abierta. Rincón Bravo, a diferencia de otros ciudadanos venezolanos investigados en los últimos años en España por supuestos casos de corrupción en su país y, en concreto, con PDVSA, nunca ha ocupado un cargo público en el régimen chavista. Él siempre ha estado ligado al mundo de los negocios, como su padre. Desde que llegó a España, ha invertido grandes cantidades de dinero, en su mayor parte a través de Tradequip España Inspección y Logística SL, una mercantil con sede social en Coslada (Madrid) cuyo objeto social es el comercio al por mayor de productos químicos y maquinaria industrial. La compañía, cuyo máximo accionista es la empresa matriz de la familia, declaró en 2018, último año en el que rindió cuentas, activos por más de 60 millones de euros y unas pérdidas de 22.000 euros. No tenía trabajadores. Rincón Bravo ocupa el cargo de administrador único tanto de esta sociedad como de otras cinco en España, entre ellas una dedicada a la importación de productos de alimentación gourmet y otra a la producción cinematográfica.