Desarticuladas redes de fraude y contrabando: Empresarios del transporte y la construcción detenidos en Almería

La provincia de Almería ha sido escenario de diversas operaciones policiales que han puesto al descubierto complejas tramas de fraude a la Seguridad Social y contrabando. Las investigaciones han culminado con la detención de varios empresarios, vinculados a los sectores del transporte y la construcción de invernaderos, evidenciando la sofisticación de los métodos empleados para eludir la legalidad.

Fraude en el sector del transporte: Empresas ficticias para prestaciones indebidas

La Policía Nacional en Almería ha desmantelado un entramado de fraude a la Seguridad Social que operaba a través de dos empresas de transporte por carretera ficticias. Cuatro personas han sido detenidas, acusadas de defraudar cerca de 17.000 euros al erario público.

Modus operandi

La investigación reveló que los detenidos simulaban la realización de trabajo con sus empleados, sin que estos llegaran a producirse. De esta forma, los trabajadores acumulaban los periodos de carencia necesarios para obtener prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería puso en alerta a la Policía Nacional, donde figuraban indicios "inequívocos" de que dos empresas con administrador único en Almería simulaban relaciones laborales con sus afiliados.

Los administradores de las mercantiles y otras dos personas colaboraron para la materialización de los delitos. El primero de los detenidos dio de alta a dos personas como trabajadores de su empresa, quienes cesaron su relación laboral en el momento en que completaron el periodo mínimo de carencia para acceder a prestaciones por desempleo y maternidad. Ambos beneficiarios también fueron arrestados, al conocer la Policía Nacional que conocían de antemano la intención defraudatoria.

El segundo administrador habría falseado la documentación necesaria para dar de alta a dos mujeres, quienes, al igual que en el caso anterior, cesaron como trabajadoras de la empresa en el momento en que pudieron beneficiarse de un subsidio por desempleo. Además, en el momento que comenzaron a percibir la prestación, abandonaron el país sin la anuencia del propio SEPE.

Consecuencias del fraude

La investigación policial concluyó que los dos administradores habrían generado una deuda acumulada con la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 11.816,56 euros, por cotizaciones generadas e impagadas. Por su parte, los empleados ficticios se beneficiaron del sistema de prestaciones asistenciales de la Administración en la cantidad de 4.999,41 euros, por el cobro de prestaciones indebidas por desempleo y otras prestaciones como bajas por maternidad.

La operación 'Plástico' se ha saldado con el arresto de cuatro personas, a quienes se les acusa de un delito de fraude a la Seguridad Social y otro de falsedad documental. En todos los casos, la Policía Nacional ha promovido la cancelación inmediata de la percepción de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta.

Fraude en el sector de la construcción de invernaderos: Un entramado empresarial para eludir pagos

En Roquetas de Mar, la Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 2.477.750 euros en el sector de la construcción de invernaderos. En esta operación, en la que ha colaborado la Tesorería General de la Seguridad Social, han sido detenidas 11 personas, acusadas de participar en un entramado empresarial implicado en 23 delitos contra la seguridad social y 22 de frustración de la ejecución.

Origen de la investigación

La investigación comenzó en septiembre de 2022, cuando se tuvo conocimiento de actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas del sector de la construcción de invernaderos, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

Estructura del entramado

Tras varias pesquisas, los agentes comprobaron que había diferentes empresarios responsables de un entramado societario que, mediante la sucesión opaca de empresas, conservaban su negocio de construcción de invernaderos sin abonar los seguros sociales de los trabajadores, ni los propios. Los detenidos trasladaban la actividad de unas a otras con el ánimo de seguir trabajando a bajo precio.

Falseamiento de la competencia

Los responsables habían copado el mercado de la construcción de invernaderos a través de un modus operandi definido: usaban empresas con gran cantidad de mano de obra, dedicadas sobre todo a realizar trabajos subcontratados de otras empresas más grandes del sector. Como se ahorraban la Seguridad Social de sus trabajadores, los precios que ofertaban eran mucho más bajos que los de otras empresas.

De esta forma, “se generó un importante fraude directo por impago de cuotas mientras incrementaban sus márgenes de beneficios y eran subcontratados por empresas más grandes, las cuales se beneficiaban de los bajos precios de las sociedades investigadas, ya que les resultaba más barato subcontratar sus obras que realizarlas ellos mismos”.

Participación de testaferros

Los empresarios, en su mayoría de nacionalidad rumana, contrataban una gran cantidad de compatriotas como trabajadores, a algunos de los cuales utilizaban como testaferros. Los empresarios detenidos habían copado el sector, utilizando trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades con gran cantidad de mano de obra que realizaban trabajos subcontratados por otras empresas más grandes de ese ámbito.

Contrabando internacional: Cocaína oculta en café y vehículos robados

Cocaína camuflada para España

Las investigaciones comenzaron en 2018, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. Esta operación culminó con la intervención, en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, de 216 kilogramos de cocaína ocultos entre café para ser transportados hasta España en un contenedor. La droga había sido escondida tras un complejo proceso químico que la hacía prácticamente indetectable en los controles aduaneros.

Identificada la empresa encargada de la importación de la droga, así como sus responsables, se inició una investigación sobre ellos. Su forma de actuar consistía en utilizar un entramado empresarial dedicado a la importación y comercialización de zumos, bebidas, café y frutas, con apariencia de legalidad, para importar la droga en contenedores marítimos desde distintos países sudamericanos.

La droga viajaba concentrada en un único palé. De este modo, se puso el foco de atención en un contenedor marítimo llegado a Valencia e importado por una de las empresas investigadas, en el que se transportaba 14.400 kilogramos de pulpas de piña destinados a España. Tenía como destino final un laboratorio clandestino ubicado en un chalé de la localidad madrileña de Robledo de Chavela.

Red de contrabando de vehículos robados con destino a Gambia

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cataluña y Mossos d’Esquadra desmantelaron entre agosto y octubre de 2025 un grupo criminal dedicado al contrabando de vehículos robados con la finalidad de hacerlos llegar, principalmente, a Gambia.

Evolución de la investigación

Desde 2023, los agentes tenían constancia de un aumento de robos del mismo tipo y modelo de vehículo: un SUV de un fabricante asiático. Durante 2024, esta tendencia supuso un incremento progresivo, con 137 denuncias por sustracción en toda Cataluña y 38 vehículos recuperados.

La investigación dio un giro el 22 de julio de este año, cuando los Mossos d’Esquadra localizaron en una nave industrial de Girona una decena de vehículos robados que estaban a punto de ser introducidos en el mercado ilícito. Los agentes de la DIC de Girona determinaron que entre una y dos veces al mes se realizaban recogidas de vehículos sustraídos por varias personas que los manipulaban, y posteriormente un camionero los transportaba dentro de contenedores de hierro ocultos entre chatarra.

En este contexto, los agentes identificaron a varias personas y vehículos implicados en la trama, además de un contenedor cuya carga llegó al puerto de Barcelona a finales de julio y cruzó el continente hasta llegar a Tánger (Marruecos). El destino final de la mercancía era el puerto de Banjul (República de Gambia), pero las gestiones realizadas a través de Interpol permitieron alertar a la policía marroquí de la llegada de dicho contenedor.

Modus operandi y logística

Los investigadores determinaron que los sospechosos tenían un ‘modus operandi’ muy especializado: accedían a los vehículos activando un sistema que hacía creer al coche que se estaba desbloqueando con su llave original. Una vez lo tenían en su poder, lo trasladaban a un terreno fuera del núcleo urbano donde el grupo alquilaba un espacio.

La logística de esta actividad requería una organización muy bien estructurada, con líderes destacados, titulares de los contratos tanto de arrendamiento de los contenedores como de las órdenes de transporte hacia los diferentes puertos de destino. En un segundo nivel estaban los encargados de gestionar las naves y descampados donde se almacenaban los vehículos. En una tercera escala, los miembros que preparaban la carga de los contenedores.

Almería como centro logístico

Paralelamente a la investigación de Girona, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la DIC de Mossos d’Esquadra de Lleida identificaron una infraestructura activa dedicada al robo de vehículos para enviarlos a la República de Gambia. Como centro logístico, el grupo utilizaba una nave industrial en el polígono de Huércal-Overa (Almería). Allí recibían los vehículos robados, que cargaban en contenedores marítimos normalmente durante fines de semana y festivos con el convencimiento erróneo de que así evitarían inspecciones.

Detenciones y seguimiento

El 6 de agosto, los investigadores detectaron en la sede de la empresa de transportes cuatro contenedores sospechosos de transportar mercancía ilícita. Ese mismo día, y con la colaboración de la Policía Nacional, fueron detenidas, en la nave industrial de Almería, tres personas, de 32, 44 y 53 años, que utilizaban el espacio como almacén de carga. Entre sus pertenencias los agentes encontraron órdenes de transporte con fechas coincidentes con los indicios de la investigación, así como recibos de compra de herramientas utilizadas para la carga.

La capacidad de mantener el negocio ilícito incluso después de las primeras detenciones era evidente: veinte días después de la operación en Castellón y Almería, los investigadores detectaron un nuevo encargo logístico con datos similares a los de los contenedores inspeccionados el 6 de agosto. La detección de los contenedores y el hallazgo de vehículos robados continuó hasta el 18 de septiembre, fecha en que los agentes accedieron a la nave industrial identificada en Monzón y recuperaron siete vehículos sustraídos. Ese mismo día fueron detenidos seis miembros del grupo en Girona, Salt, Cassà de la Selva y Lleida. Todos ellos pasaron a disposición judicial junto con un último detenido el 2 de octubre en Manresa, relacionado con los mismos hechos.

Operación 'Poniente': Corrupción en El Ejido

En el marco de la segunda fase de la operación 'Poniente', agentes de la Policía Nacional han detenido a los tres propietarios de la mercantil 'Grupo Lirola', la subcontrata concesionaria del servicio de limpieza viaria en El Ejido (Almería).

Implicados y cargos

Gabriel, Francisco Javier y José Carlos Lirola, quienes figuran como accionistas y administradores del grupo desde el año 1997, han sido arrestados en una de las sedes sociales de la mercantil, que se dedica a obras, transporte, limpieza y servicios a través de dos empresas bajo la denominación 'Hermanos Lirola SL' y 'Contenedores Lirola SL'.

Los propietarios de la mercantil son imputados por la comisión de un presunto delito de cohecho. La operación 'Poniente', que se articula ya en torno a cinco clanes vinculados a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (Elsur) de El Ejido, se ha saldado, por el momento, con la detención de 23 personas por su relación con una red de sociedades que prestaban servicios y a las que se adjudicaban obras por parte del Ayuntamiento de El Ejido.

Contexto de la operación

Esta actuación se enmarca en la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en 2007 y estaría relacionada, al parecer, con operaciones de pago al ex interventor municipal dentro de la trama de blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos sobre la que indaga el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.

La empresa de la que son administradores los tres hermanos es concesionaria, entre otros, del servicio de recogida de basura y tratamiento de residuos en el término municipal ejidense. En 2004, adquirió a Tecmed el 98% del accionariado de Ejido Medioambiente, encargada de la gestión de la planta de tratamiento de residuos agrícolas.

La segunda fase de la operación 'Poniente' se ha materializado apenas 24 horas antes de que preste testimonio de nuevo ante la magistrada Montserrat Peña la esposa de José Alemán y funcionaria municipal, Isabel Carrasco, en libertad provisional desde finales de octubre tras eludir la prisión con el pago de una fianza de 90.000 euros.

La rápida actuación policial con la detención de J.M.G de 50 años de edad y J.C.T.O de 36 años, ha conseguido destapar dicho entramado y advertir la existencia de multitud de pagarés falsos extendidos por todo el poniente almeriense. Los investigadores no han podido determinar la cuantía global exacta del total defraudado, señalando que podría aproximarse a los dos millones de euros en toda la comarca. Con esta ficción jurídica consiguieron temporalmente una línea de financiación sin tener que recurrir a créditos, préstamos y avales, y soportar por su parte comisiones e intereses bancarios.