Alberto Piñana y la Operación Malaya: Un Empresario contra la Corrupción

La corrupción ha sido un tema recurrente en la esfera pública española, afectando a diversas instituciones y figuras. Entre los muchos casos que han sacudido al país, la 'Operación Malaya' destaca como uno de los más emblemáticos, revelando una compleja red de sobornos y malversación en el Ayuntamiento de Marbella. En este contexto, la figura del empresario Alberto Piñana emerge como un actor clave, no por su implicación en las irregularidades, sino por su valiente decisión de denunciarlas.

El Testimonio de Alberto Piñana en la Operación Malaya

El empresario Alberto Piñana fue absuelto del caso de corrupción 'Operación Malaya', que tuvo lugar en Marbella. En una entrevista en Expediente Marlasca, explica cómo sucedió todo: "Comenzó en 2005, cuando denuncié ante los juzgados a la alcaldesa Marisol Yagüe por intentar obligarme a cobrar la reforma de su chalé a través de una obra pública".

La exalcaldesa de Marbella fue condenada por el caso Malaya a cinco años de cárcel por delitos de alteración de precios y cohecho. Jesús Gil fue quien la había hecho concejala y Juan Antonio Roca, alcaldesa.

Según el relato de Piñana, durante los casi 15 años en los que vivió como imputado, esta situación le llevó a la ruina: sin casa, sin empresa, con una gran deuda, con los bienes embargados y un cáncer de cabeza.

"Denunciar lo que yo denuncié en un Ayuntamiento como el de Marbella, en el que la alcaldesa disponía de 100 policías locales que perseguían a mi familia, con amenazas de muerte incluidas", no fue fácil, explica. E incide en que "el problema es el poder": "Abogados, medios de comunicación, todos en contra de una persona que ha tenido la osadía de decirla 'eres una sinvergüenza y por aquí no paso'". Por el caso Malaya 46 personas fueron condenadas a prisión, pero Piñana advierte: "La Justicia no sabe nada de todo lo que pasó en Marbella".

Campus de la Justicia de Madrid: Otra Trampa de Corrupción

Más allá de Marbella, la sombra de la corrupción se extiende a otros proyectos de gran envergadura. La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para el exconsejero madrileño de Justicia Alfredo Prada y seis años para los otros cinco procesados por irregularidades en contratos del Campus de la Justicia de Madrid. Entre ellos se encuentra también el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y que está imputado en el caso Villarejo.

El resto de los procesados por estos hechos son: Isabelino Baños, Mariano José Sanz y Alicio de las Heras -en sus condiciones de director general técnico, subdirector general técnico y director financiero del Campus, respectivamente- y Félix José García, que actuó como asesor, ha informado la Fiscalía en una nota de prensa.

En el auto de procesamiento, el magistrado José de la Mata indica que se calcula que estos hechos supusieron un menoscabo de cientos de millones de euros para las arcas públicas. La Fiscalía acusa a los seis procesados -todos ellos miembros de la Mesa de contratación- de haber concertado contrataciones con "deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución". Les considera por ello responsables de un delito continuado de prevaricación en concurso ideal con un delito continuado de malversación de caudales públicos y, además de la pena de prisión, pide para ellos penas de más de 10 años de inhabilitación absoluta. Entre 2005 y 2015, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ascendió a 355.577.355,92 euros.

Detalles de la Contratación en el Campus de la Justicia

Los gastos en el Campus de la Justicia fueron efectuados por transferencia bancaria, pagos en efectivo y tarjeta de crédito.

Operación 'Plan Oro': Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal

En febrero de 2014, la Unidad contra el Blanqueo de Capitales y Robos de la Jefatura Superior de Policía, con la supervisión y coordinación de la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, ejecutó la operación 'Plan Oro' contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal en establecimientos de compraventa de metales preciosos. El operativo se saldó con 164 detenidos en doce provincias.

Esta compleja trama, que utilizaba casas de compraventa de oro, joyas y metales preciosos diseminadas por toda España, estaba conectada con mayoristas y fundidores que exportaban la mercancía a otros países, según explicaron el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el delegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia, Manuel Cabrera, en una comparecencia sobre este operativo en febrero de 2014. Para introducir los beneficios fraudulentos en el mercado legal, contaban con una red paralela de sociedades instrumentales dedicadas a emitir facturas falsas. Solo en el ejercicio fiscal 2012, la Unidad contra el Blanqueo de Capitales y Robos detectó un volumen cercano a los mil millones de euros facturados a través de este procedimiento delictivo. A su vez, la trama ofrecía estos servicios de blanqueo a otros grupos criminales dentro y fuera de España vinculados al narcotráfico, fraudes inmobiliarios y estafas.

Protagonistas y Conexiones de la Trama

El cabecilla de la trama resultó ser Miroslav Schopoff, ideólogo y gestor del Grupo Oro Direct. Otros de los detenidos fueron el propietario de Orvalencia SL, David Lázaro Gimeno, que extendía su red de comerciales por Valencia, Madrid, Málaga y Tenerife; y el conocido empresario Luis Nicolás Mateos, presidente del Grupo Nicolás Mateos SL. En la operación se intervinieron numerosas cuentas bancarias, se inmovilizaron activos por valor de 16 millones de euros, decomisando tres millones de euros en lingotes y piezas de oro y más de un millón y medio de euros en efectivo, aparte de barcos, 20 automóviles de lujo -varios de ellos blindados- y otros efectos de valor.

La sociedad Oro Direct Inversión SL había hecho saltar las alarmas de la Agencia Tributaria por el astronómico crecimiento de su volumen de facturación, de los 11 millones de euros registrados en 2008 a los mil millones facturados en 2012, coincidiendo dicho aumento con el año en que David Zalaznick, propietario del fondo de capital riesgo estadounidense JZI, compró la mayor parte de la compañía valenciana. Tras la entrada de JZI en Oro Direct Inversión SL, Miguel Fernando Rueda Hernando y Ole Groth, gestores del fondo en nuestro país, se integraron en la estructura societaria del grupo de sociedades liderado por Schopoff -Oro Direct Lab SL, Oro Direct Finance SL, Cash On Direct SL, Oro Direct Sale SL, Kronospan Spain SL y Eurometal Investment Holding SL-.

Contactos Políticos y la Operación Taula

Schopoff, que mantenía una relación muy estrecha con Alfonso Rus, el expresidente de la Diputación valenciana implicado en la operación Taula, resultó ser uno de los presuntos artífices del blanqueo de capitales protagonizado por miembros del PP en dicha comunidad, que habrían llegado a utilizar hasta cinco cajas b que se nutrían de comisiones procedentes de empresarios a cambio de contratos y concesiones públicas. El papel de Schopoff era devolver al circuito legal el importe recaudado fraudulentamente. Para ello contaba con la red que emitía facturas falsas o infladas usando las sociedades que traficaban con las joyas y metales preciosos.

El Caso de Eduardo Zaplana y las Conexiones Valencianas

En 2019, la hija de Eduardo Zaplana y su marido fueron imputados por un presunto delito de blanqueo de capitales. Como telón de fondo, el alquiler de una vivienda en la que se alojaba Zaplana en sus estancias en Valencia. El contrato de dicha vivienda estaba firmado por Miroslav Schopoff como arrendador. Según las pesquisas de los investigadores del caso Erial, la hija de Zaplana pagó a Schopoff 115.000 euros entre el 22 de diciembre de 2015 y el 27 de marzo de 2018.

El yerno de Zaplana, Luis Iglesias Rodríguez-Viña, un viejo conocido de la justicia española por sus negocios con Oleguer -hijo menor del clan Pujol-, trató de justificar los más de dos millones de euros que recibió de una cuenta suiza días antes de empezar a pagar los 3.500 euros mensuales de alquiler a Miroslav Schopoff, como la comisión recibida por una operación inmobiliaria con Amancio Ortega por la que el dueño de Inditex compró un edificio en la Gran Vía de Madrid por más de 400 millones de euros. Según las pesquisas de los investigadores del caso Erial, la hija de Zaplana pagó a Schopoff 115.000 euros entre el 22 de diciembre de 2015 y el 27 de marzo de 2018, meses antes de que el expolítico del PP fuera detenido y posteriormente enviado a prisión preventiva.

Disputas Internas en JZI y el Papel de Ramón Cerda

Para terminar de liar la madeja valenciana y sus vínculos con la operación Oro, en abril de ese año empezaron a conocerse las diferencias primero y denuncias cruzadas después entre el propietario del fondo JZI David Zalaznick y los gestores españoles Miguel Fernando Rueda Hernando y Ole Groth. Zalaznick los acusaba de desviar 80 millones de euros para su lucro personal, amenazando con llevarse por delante a Máximo Hartwig Buch Torralva, exconsejero de Economía, Industria y Comercio en el Gobierno de Alberto Fabra, afirmando que Rueda y Groth en realidad son “propietarios parciales” de Stator Management SL, empresa de Máximo Buch.

El rastro de Cerda, que compagina su vocación de escritor de novelas policíacas con la creación de sociedades, puede seguirse en las causas contra Marsans, Nueva Rumasa, el caso Nóos y la Gürtel. Stator Management SL, anteriormente denominada Rupestre SL, provenía del vivero de empresas de Ramón Cerda Sanjuán, condenado en varias ocasiones por fraude fiscal en causas que superan los 27 años de prisión, y facilitador de sociedades “preconstituidas” a tramas de corrupción. También es el principal proveedor de sociedades a los implicados en la operación 'Plan Oro'. Esta persona fue la que facilitó a Miroslav Schopoff la sociedad Oro Direct Inversión SL, que dio origen a la investigación y que originalmente fue bautizada como Alcontado Negocios SL, así como las instrumentales Oro Direct Lab SL y Cash On Direct SL, y a David Lázaro Gimeno, otro de los detenidos en la operación, Ideas Meditadas SL y Reflexión Empresarial SL, según aparece en el Registro Mercantil.

Casualmente, Marcos Benavent, uno de los hombres fuertes de Alfonso Rus, también usó otra sociedad creada por Cerda, Berceo Mantenimientos SL, para facturar servicios no realizados a la administración pública valenciana. Cerda, como buen perejil de todas las salsas, aparece también como proveedor de empresas de los directivos de Gedesco SL Antonio Aynat Eknes y Ole Groth (Faus International Flooring SL, Icónica Activa SL, Sin Excesos SL y Zander Trade).

Gedesco, JZ International y la Financiación de Medios

Gedesco, vinculada al fondo JZ International, estuvo relacionada con una serie de blogs que estaban conectados con el digital de Eduardo Inda, Okdiario. Antonio Aynat Eknes era el administrador único de la sociedad Inforiesgos SL, titular del blog sobre tecnología alojado en Okdiario, Tecnoaffinity, según explica un artículo publicado por La Marea en 2016. Esto supone que parte de la financiación del diario provenía de Antonio Aynat, quien, a su vez, es administrador único de Brillo Áureo SL, empresa dedicada a la compraventa de oro y plata, metales y joyas, con sede en Valencia.

Antonio Eraso Campuzano: Lazos con la Corona y Trama delictiva

Para cerrar este círculo vicioso y conectar con los siguientes capítulos, en Kronospan Sfc SL, pilotada por Schopoff y el fondo JZI, participa Antonio Eraso Campuzano, ciudadano venezolano del círculo más cercano a Juan Carlos I. Kronospan Sfc SL, también conocida como Eurometal Investment Holding SL, figura desde junio de 2010 como socio único de Oro Direct Inversión SL.

Los Hermanos Eraso Campuzano y Múltiples Trazas

Los hermanos Eraso Campuzano, ilustres representantes de una familia venezolana del círculo más cercano a Juan Carlos I, parecen empeñados en aparecer por sorpresa en medio de tramas delictivas. Eduardo, que es uno de los investigados en la Gürtel por blanquear el botín de Correa, también figura entre los comisionistas en la operación del AVE a La Meca. El nombre de Antonio Eraso acaba de surgir en una de las piezas derivadas del caso que se sigue contra el pequeño Nicolás, donde se mezclan los intereses de Mario Conde con los de Adrián de la Joya -socio y amigo del comisario Villarejo- en una rocambolesca operación de blanqueo de capitales en la que usaron como pantalla la sociedad Hacienda la Alamedilla SL, que fue, además, una de las fincas que el expresidente madrileño Ignacio González analizó entre 2011 y 2015, con recursos del BBVA, con la finalidad de estudiar su compra personal, según mostraba un reportaje de Público en diciembre de 2021.

Esta pieza derivada nos conduce hasta los negocios del fondo de capital riesgo estadounidense JZI en nuestro país, instrumentalizados a través de un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales o territorios, dentro de la Unión Europea, laxos en materia tributaria. Antonio Eraso Campuzano se incorporó como consejero en octubre de 2012 a Eurometal Investment Holding SL (Kronospan Sfc SL), propietaria de Oro Direct Inversión SL. Kronospan, a su vez, está participada por la sociedad holandesa Rotterdam London Software Solutions BV, cuyos propietarios permanecen en la sombra al amparo de la tristemente famosa opacidad en materia fiscal de dicho país.

Relaciones entre Antonio Eraso y JZI

Las relaciones entre Antonio Eraso y JZI quedan patentes si analizamos otras operaciones de dicho fondo en nuestro país. La primera en 2017 a través de Kingbook Inversiones Socimi SA, cuyo consejo de administración presidía Antonio Eraso Campuzano, y que nos permite comprobar que otros dos fondos radicados en las Islas Caimán -JZI Fund III, LP y GL Europe Cayman LP- controlaban la jugada, en este caso una red de gasolineras asociadas a Petrocorner Retail SL, donde también milita el condenado en el caso Lezo Francisco Javier Vilaplana Oliva, quien comparte hasta diez sociedades con Miguel Fernando Rueda Hernando y Ole Groth. De hecho, Gasóleos y Derivados Área 99 SL, sociedad en la que Vilaplana figuraba como apoderado en el momento de llevarse a cabo la operación, era una de las avalistas del negocio de las gasolineras.

Ombuds y la Quiebra Tras la Intervención de JZI

JZI, para operar en España, adquirió en 2007, a través de la mercantil holandesa JZ Gedhold BV, el 67,5% del capital social de Gedesco Finance, cabecera del Grupo Gedesco, que a partir de ese momento sería el operador del fondo en nuestro país. Gedesco también está presente en otra de las jugadas en las que interviene Antonio Eraso y que afecta a la empresa de seguridad Ombuds, que ocupaba un puesto destacado en el ranking de empresas españolas del sector y que acabó en bancarrota tras el abordaje de JZI. Posteriormente, Antonio Eraso volverá a coincidir con Miguel Fernando Rueda Hernando y Ole Groth en la sociedad Alianzas en Aceros SL, creada para gestionar los bienes adquiridos en subasta judicial de la familia Ros Casares, entre las que se encontraba una planta industrial ubicada en el municipio saguntino de Camp de Morvedre, operación conjunta del fondo JZI y Gedesco SL, en la que Antonio Eraso y Ole Groth ejercían de consejeros. Como colofón a este cúmulo de “causalidades”, Ole Groth y el directivo de Gedesco SL Antonio Aynat Eknes están vinculados a través de la sociedad Borneo Directorship SL con Francisco Gómez Fructuoso, vinculado a su vez al principal socio de José María Aznar, Juan Picón de Leaniz, pero esa es otra historia que prometo contarles en breve.