ADIF: Entidad Pública Empresarial, Sostenibilidad Financiera y Gestión ante la Insolvencia

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es una entidad pública empresarial española que desempeña un papel crucial en el sector ferroviario. Su naturaleza como entidad pública empresarial implica una serie de particularidades en su régimen jurídico y financiero, especialmente en lo que respecta a su estructura, financiación y la gestión de posibles situaciones de insolvencia, tanto propias como de terceros con los que interactúa.

La Reestructuración de ADIF y la Creación de ADIF-Alta Velocidad

Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2013, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, ADIF había gestionado todas las vías, estaciones, comunicaciones y otras infraestructuras ferroviarias del territorio nacional, cobrando un canon a las empresas usuarias de la red, entre ellas a Renfe Operadora, encargada de prestar servicios de transporte de viajeros y mercancías. Sin embargo, en un movimiento de reestructuración significativo, el Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de la entidad pública empresarial "Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico, modificó profundamente su organización.

Este real decreto-ley incluyó disposiciones por las que se regulan diversos aspectos vinculados con dicha escisión, así como con las relaciones entre ADIF y ADIF-Alta Velocidad, justificándose la urgencia de su adopción en la propia creación de la nueva entidad y en la necesidad de que, en la fecha de inicio de sus actividades, los citados aspectos se encontraran regulados. La reestructuración dio lugar a la creación de la nueva entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, regulando diversos aspectos fundamentales.

• Asignación de Bienes y Activos: El artículo 2 de este real decreto-ley regula la asignación a ADIF-Alta Velocidad de determinados bienes que constituían la red de titularidad estatal y que fueron atribuidos a ADIF a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. Mediante orden del Ministro de Fomento y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se determinará qué activos y pasivos, de los que pertenecían o estaban adscritos a ADIF, pasan a ser de titularidad de ADIF-Alta Velocidad. Una vez producida la segregación, mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrán producir traspasos de infraestructuras ferroviarias entre ADIF y ADIF-Alta Velocidad cuando existan razones de explotación o desarrollo de la Red Ferroviaria de Interés General que lo hagan aconsejable.
• Sostenibilidad Financiera: El real decreto-ley incluyó una disposición adicional primera, en la que se regulan los criterios y procedimientos para asegurar el cumplimiento del principio de la sostenibilidad financiera de la nueva entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad y en consecuencia de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la contabilidad nacional. A tal fin, trimestralmente se informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la evolución de estas magnitudes y de la ratio existente y la previsión de su evolución.
• Emisiones de Deuda: Una disposición adicional segunda establece que las emisiones de obligaciones y otros títulos valores representativos de deuda que efectúe la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, se rijan por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, salvo que dichas emisiones estén exclusivamente dirigidas a inversores institucionales o profesionales y se efectúen bajo ley extranjera, supuesto en que las mismas quedarán sujetas a esa legislación.
• Integración de Personal: El personal laboral de ADIF que viniese atendiendo a las actividades y servicios que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, pasan a ser asumidos por ADIF-Alta Velocidad, pasará a integrarse en esta última entidad. A efectos de lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderá que con fecha 31 de diciembre de 2013 se produce una sucesión de empresas entre la entidad pública empresarial ADIF y la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad.
• Contabilidad de la Escisión: Los efectos de la escisión se retrotraen contablemente al 1 de enero de 2013. ADIF-Alta Velocidad reflejará en sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 los activos y pasivos, ingresos, gastos y los flujos de efectivo correspondientes a la rama de actividad escindida desde el día 1 de enero del referido año.

ADIF-Alta Velocidad y ADIF podrán encomendarse, mediante la suscripción del oportuno convenio, la realización de determinadas actividades. En caso de que una de dichas entidades encomiende a la otra la realización de tareas relacionadas con la seguridad ciudadana y protección civil, el responsable de esa materia será el mismo en ambas entidades.

La creación de ADIF-Alta Velocidad y la regulación de su sostenibilidad financiera son elementos clave para prevenir situaciones que puedan conducir a la insolvencia, asegurando un marco de gestión económica robusto para la infraestructura de alta velocidad en España.

Gestión de Deudas y Procedimientos ante Insolvencia de Terceros

La gestión de las deudas y la interacción con situaciones de insolvencia no solo se refieren a la propia entidad, sino también a la forma en que ADIF maneja la morosidad de sus deudores. Para ello, ADIF ha establecido mecanismos de colaboración con otras entidades públicas, como la Agencia Tributaria.

Un convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria y ADIF detalla los procedimientos para la gestión recaudatoria. La Unidad Administrativa designada al efecto por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias remitirá, periódicamente, a la Agencia Tributaria, por los medios que el Departamento de Recaudación determine, un fichero comprensivo de las deudas providenciadas de apremio, cuya gestión se encomiende a la Agencia Tributaria en los términos del presente Convenio. Dicha relación de deudas únicamente será utilizada por la Agencia Tributaria a los efectos previstos en este Convenio.

En el caso de concurso de acreedores de los deudores de ADIF, la defensa de los derechos de cobro relativos a los recursos objeto del Convenio que la Agencia Tributaria tenga incorporados en sus aplicaciones con anterioridad a la fecha del auto de declaración del concurso, corresponde a la Agencia Tributaria. El Ente excluirá de la relación certificada de deudas impagadas las de aquellos deudores que hayan sido declarados en concurso de acreedores, siempre que la deuda se encuentre en periodo voluntario de ingreso a la fecha de la declaración del concurso.

Cuando, de la información incorporada por ADIF y de la que conozca la Agencia Tributaria, no se pueda calificar el crédito remitido y en consecuencia no se pueda concluir si, conforme a la normativa concursal y tributaria, procede la recaudación de la deuda por el procedimiento de apremio, la Agencia Tributaria cancelará la deuda cargada, devengándose el mismo coste de servicio. La justificación de las datas por insolvencia se realizará en los mismos términos que para las del Estado y a la vista, en su caso, de la información adicional que haya suministrado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Si una vez cargada la deuda, la Agencia Tributaria no pudiera continuar la gestión recaudatoria de la misma debido al fallecimiento del deudor, se cancelará la deuda (data por motivos distintos al ingreso).

ADIF como Empleador: Obligaciones Financieras y Marco Laboral

Como entidad pública empresarial, ADIF también enfrenta obligaciones financieras derivadas de su rol como empleador, las cuales están reguladas por convenios colectivos y la legislación laboral. Estas obligaciones pueden generar disputas legales que, en última instancia, tienen un impacto económico en la entidad.

Un ejemplo de ello es un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado en nombre y representación de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), contra una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El caso giraba sobre la pretensión del abono de diferencias salariales por la demora en la efectividad de un traslado que suponía a la vez el desempeño de una plaza de superior categoría. La actora prestaba servicios para ADIF y el 16 de junio de 2014 obtuvo plaza en la Jefatura Tráfico Centro en Madrid Chamartín, haciéndose constar en la resolución que los cambios de situación empezarían a regir a partir del 15 de diciembre de 2014. Finalmente, el traslado se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2016.

La demandante percibió dietas destacamento por demora de traslado, clave 553, desde el 15 de enero de 2015 hasta que tomó posesión, por día efectivo de trabajo. La trabajadora reclamaba el abono de estas dietas por día natural desde julio de 2014 y las diferencias entre los salarios de la categoría desempeñada y la reconocida. La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña estimó en parte los recursos, condenando a ADIF a abonar a la trabajadora una cantidad por diferencias salariales.

El Ministerio Público informó la improcedencia del recurso de ADIF, refiriendo que la efectiva virtualidad de la superación de un proceso selectivo previo y el reconocimiento de la mayor retribución correspondiente a una categoría superior, no pueden quedar sometidos a la indefinición de una fecha futura incierta. La sentencia recurrida confirmada estableció que el mero reconocimiento de una categoría profesional superior lleva aparejada ineludiblemente la correspondiente adecuación del salario a la nueva clasificación que el trabajador pasa a ostentar. Y tal correlación entre categoría y salario es por completo independiente del dato de que la promoción lleve o no aparejado un traslado de centro o de residencia, y que, a su vez, esa movilidad pueda y deba ser compensada con arreglo a lo que establezcan las normas convencionales que hayan previsto tales eventualidades. Asimismo, no queda enervada por el derecho a otras compensaciones, como son las que se hayan fijado para el caso de demora en la efectividad de tal traslado.

Lo que cabe analizar es el momento en que se adquiere la categoría. Por consiguiente, el que la Norma Marco de Movilidad, contenida en el XII Convenio de Renfe, relativa a los procesos de promoción a la categoría profesional de Mando Intermedio y Cuadro, establezca en su apartado 1.5 reglas específicas para la toma de posesión y prevea la eventualidad de la demora fijando compensaciones al efecto, no implica que con ello se esté alterando el derecho a las retribuciones salariales propias de la nueva categoría. Esto subraya la importancia de la jerarquía normativa del artículo 9.3 de la Constitución Española y lo dispuesto en los apartados b) y f) del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, plasmación legal del artículo 35 CE. Este caso ilustra cómo las responsabilidades laborales de ADIF pueden generar significativas obligaciones económicas, afectando su gestión financiera.

Marco de Contratación y Colaboración Público-Privada

Para la ejecución de sus proyectos de infraestructura, ADIF se rige por normativas específicas de contratación. El administrador de infraestructuras ferroviarias contratará con arreglo a lo previsto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Cuando se pretende la ejecución de varias actividades y se pongan de manifiesto, mediante la elaboración del documento de evaluación previa a que se refiere el artículo 134 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ciertas circunstancias, y las fórmulas alternativas de contratación previstas en la normativa no permiten la satisfacción de los objetivos proyectados, el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá realizar la construcción o administración de infraestructuras ferroviarias mediante la celebración de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado definidos en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En estos contratos, el plazo de ejecución vendrá determinado en función de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, sin que resulte de aplicación la limitación prevista en el artículo 314 del citado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; no obstante, la duración de estos contratos en ningún caso podrá exceder de cuarenta años. Estos mecanismos de contratación son vitales para la viabilidad y financiación de los grandes proyectos de ADIF, impactando directamente en su estabilidad financiera y capacidad de inversión a largo plazo.