Hacia la Abolición del Mundo Empresarial: Un Análisis Crítico del Trabajo y el Poder Corporativo

La idea de abolir el trabajo no implica necesariamente una utopía de inactividad permanente, ya que nadie sensato propone una sociedad completamente ociosa. Más bien, constituye una crítica frontal a la forma en que el trabajo está organizado hoy. El mundo laboral contemporáneo dista mucho de ser un espacio de realización personal, y la promesa de estabilidad se ha convertido en una especie de mito nostálgico. Esta problemática se agudiza al analizar la estructura del mundo empresarial, donde la concentración de poder y las lógicas de acumulación de beneficio privado plantean serios interrogantes sobre la justicia y la sostenibilidad social.

La Abolición del Trabajo: Un Ideal Controvertido y sus Manifestaciones Históricas

Desde una perspectiva marxista, la cuestión no reside en que la esclavitud asalariada haya dejado de existir, sino en la necesidad de superarla como un imperativo para quienes sueñan con una sociedad sin explotados ni explotadores. Marx jamás concibió la distribución socialista en forma de salario. Sin embargo, abolirlo solo puede constituir un ideal lejano de futuro, porque hacerlo sin un sucesor que cumpla mejor las tareas de estimulación al trabajo es una experiencia que ha costado muy caro donde quiera que se haya impuesto.

Experiencias Históricas y sus Desafíos

• Rusia Soviética (1918-1920): Donde primero se trató de pasar a una distribución directa de lo producido fue en la Rusia soviética durante la Guerra Civil, aunque no por preceptos ideológicos, sino por la cruda realidad del comunismo de guerra y la hiperinflación existente.
• China Maoísta (1958-1961): Fue en la China maoísta de El Gran Salto Adelante donde se cuestionó el lugar de la producción asalariada en el socialismo y se privilegió la creación de comunas campesinas para la producción directa, tanto de bienes agrícolas como de acero. Años después, el voluntarismo politiquero de Mao y sus seguidores provocó la Revolución Cultural China (1966-1976), donde se cuestionó demagógicamente el empleo de las relaciones monetario-mercantiles (RMM) en el socialismo.
• Cuba (1960-1991): Tras la implantación del socialismo en Cuba (1960-1963), la forma capitalista tradicional de distribución del nuevo valor creado (renta, ganancia, salario) desapareció como tal. Esto se expresó en el abandono de los dos sistemas iniciales de gestión (Cálculo Económico y Financiamiento Presupuestario) y la implantación del Sistema de Registro Económico (1965-1971), donde prevalecía el igualitarismo en la distribución y el consumo y el reparto directo de bienes y servicios. De manera paternalista, el Estado benefactor devolvía a los ciudadanos una porción significativa del nuevo valor creado mediante cuantiosos fondos sociales de consumo. A seguidas, en la etapa del Socialismo Real cubano (1971-1991), el nuevo pacto social aceptó la estimulación material de los trabajadores a partir de la aplicación de la distribución según la cantidad y calidad del trabajo, tanto por la vía salarial como por premios y otros fondos colectivos a nivel de empresa.

El Trabajo Contemporáneo y la Crítica a sus Formas

Para buena parte de la población, especialmente jóvenes, el trabajo significa encadenar contratos temporales, asumir salarios insuficientes, adaptarse a horarios imprevisibles y vivir con la constante sensación de que uno es fácilmente sustituible. Las empresas, por su parte, han refinado un lenguaje casi creativo para suavizar esta realidad. Se habla de “flexibilidad” cuando en realidad se trata de incertidumbre estructural; de “cultura corporativa” cuando lo que se espera es adhesión emocional a objetivos que no siempre revierten en quienes los hacen posibles; de “pasión” cuando se normaliza trabajar más allá de lo razonable sin una compensación proporcional.

El resultado es una paradoja inquietante. Nunca hemos tenido tantos avances tecnológicos capaces de reducir el esfuerzo humano -automatización, inteligencia artificial, digitalización-, y sin embargo, seguimos atrapados en dinámicas laborales intensivas, exigentes y, en muchos casos, profundamente alienantes. La eficiencia no se ha traducido en más tiempo libre, sino en mayores expectativas de productividad.

En este contexto, el llamado “derecho a la pereza” no es una apología de la vagancia, sino una reivindicación del tiempo propio frente a la lógica productivista que lo invade todo. Reivindicar el descanso, el ocio, el tiempo improductivo, no es un gesto frívolo: es una forma de resistencia frente a un sistema que coloniza cada minuto disponible. La pereza, bien entendida, no es apatía, sino una defensa del espacio vital. Además, esta reivindicación conecta con una cuestión más amplia: la salud mental. El aumento de la ansiedad, el estrés crónico o el llamado “burnout” no puede desligarse de un modelo laboral que exige disponibilidad constante, adaptación permanente y una autoexigencia casi infinita.

Abolir el trabajo, en sentido estricto, plantea desafíos enormes. ¿Cómo se organizan las tareas necesarias para sostener la vida colectiva? ¿Cómo se distribuyen los recursos? ¿Qué papel deben jugar el Estado, la tecnología o propuestas como la renta básica universal? ¿Es posible desacoplar ingresos y empleo sin generar nuevas desigualdades? No todo trabajo es necesariamente opresivo, ni toda forma de actividad productiva es alienante. Quizá el primer paso no sea abolir el trabajo, sino desmitificarlo.

La Empresa Criminal: Una Crítica Radical al Modelo Corporativo

En el libro La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas de Steve Tombs y David Whyte, se combaten los mitos que legitiman el sometimiento de todas las esferas de la vida a las lógicas del cálculo econométrico y la acumulación de beneficio privado. La tarea de la criminología crítica siempre ha sido poner en cuestión el rol del sistema penal y sus distintos operadores, denunciando la criminalización de los problemas sociales y la estigmatización de los grupos sociales empobrecidos, para demostrar que la función central del sistema penal es (re)producir las desigualdades.

Mitos y Realidades de la Corporación

Los autores discuten y derriban, con precisión y contundencia, los mantras de la eficiencia empresarial, la autonomía del mercado, la “autorregulación”, la personalidad jurídica y su responsabilidad limitada, la responsabilidad social corporativa y la presunta protección pública del interés general. Se trata de conceptos que presiden y gobiernan nuestro día a día permitiendo que, tras la debacle financiera de 2008, las grandes corporaciones del sector hayan salido reforzadas. Como resultado de ese trance, una concentración de poder aún mayor administra hoy nuestras vidas y muertes.

Mitos comunes asociados a la estructura y funcionamiento de las grandes corporaciones.

La Criminalidad Estatal-Corporativa y la Financiarización

Si la introducción del estado y las empresas en el discurso crítico dio un paso de gigante con la definición de la criminalidad estatal-corporativa, Tombs y Whyte amplían ese corpus teórico para señalar a la corporación, desmitificarla, desnudarla y estudiar una conexión simbiótica entre estado y empresa que tiene lugar, en gran medida, a través de una herramienta central: el derecho. En la doble raíz del problema encontramos dos claves: la condición esencialmente criminal del sistema económico y la violencia que funda el régimen jurídico-político dedicado a sostener ese orden. En ese sentido, los polémicos “papeles de Panamá” no son un escándalo en sí mismo, sino un ejemplo muy ilustrativo de cómo y dónde se gestiona el patrimonio acumulado por ese sistema económico y de su eficaz legitimación por ese régimen jurídico-político.

Las reformas neoliberales de “superación” de la crisis han aumentado el margen de acción de los mercados y provocado un incremento relativo del número de ricos en todo el planeta. Privatizaciones, mercantilizaciones, flexibilidad laboral o indultos a corruptos, son todas ellas reformas jurídicas llevadas a cabo por estados, gobiernos y parlamentos en el ejercicio de sus funciones sistémicas. Las corporaciones, tal como hoy las entendemos, surgieron en un momento histórico concreto que exigía asegurar y reproducir el capital en el contexto de las empresas coloniales. Desde entonces, las empresas han necesitado de la acción continuada y constante del estado para garantizar su supervivencia, y los recientes rescates bancarios podrían representar el episodio más burdo de esa larga historia. Los niveles masivos de daño social provocados en el transcurso de ese episodio son incalculables y justifican sobradamente el empleo de términos como deudocracia, necropolítica o crímenes del estado y el mercado.

Esa economía política de los crímenes de los poderosos ha venido recibiendo el nombre de financiarización. Sus recientes efectos predatorios en la periferia Sur de Europa ya habían tenido un impacto post-colonial dramático sobre los países del cono Sur, cuando el primer impulso de la financiarización llevó a las empresas privatizadas españolas a invadir sus mercados. Grandes concentraciones de capital, oligopolios y cartelizaciones controlaron los mercados y aumentaron sus beneficios empresariales hasta límites bochornosos en los años previos al crash de 2008. Pero la oleada de privatizaciones demandada por la financiarización también produjo terribles efectos sobre el conjunto de la población española: en cuanto las corporaciones reorientaron su apetito hacia los bienes y servicios antes pensados como derechos, el estado puso las condiciones de posibilidad para semejantes crímenes. El estado gestiona el crimen corporativo.

El Caso Español: Concentración de Poder y Corrupción

A finales del siglo XX, entre las grandes fortunas españolas hay muchas con más de medio siglo de edad, construidas y consolidadas durante el franquismo o mucho antes, cuyo peso económico-político aumenta con el desmantelamiento industrial y agrario que exige la adhesión de España a la UE. Mientras otras áreas pierden competitividad, sectores como el inmobiliario o el financiero ganan peso. Las élites directivas crecen en España tanto o más que en el resto de Europa durante estas tres décadas. La apertura de la economía española al exterior impulsa el desarrollo de dichas élites, al tiempo que un número incontable de antiguos cargos públicos explota su capital relacional en asesorías empresariales, consejos de administración o tareas de lobby, fenómeno conocido como las “puertas giratorias”.

Radiografía del Poder Económico en España

En 2007, el 0.035% de la población (presente en 33 empresas) controla “las organizaciones esenciales de la economía y una capitalización de 789.759 millones de euros, equivalente al 80.55% del PIB y cerca de un tercio del capital productivo español”. En 2008, iniciada la depresión global, se constató que la “transición” apenas había tocado el poder de las viejas oligarquías. El enorme gasto público en obras e infraestructuras, unido al boom inmobiliario y la corrupción, favoreció su encumbramiento en los puestos de mando del “mercado libre”.

Representación de la alta concentración de poder económico en España.

Trece de los veinte españoles con mayor patrimonio en 2006 habían amasado buena parte de sus fortunas en la construcción y promoción inmobiliaria. Los 50 personajes más ricos de la Bolsa española concentraban un patrimonio de 95.000 millones de euros, el 10% del PIB. Sus patrimonios personales quedan confundidos en una maraña de fundaciones, cuentas en paraísos fiscales, propiedades inmobiliarias bajo testaferros, compañías patrimoniales, family offices y SICAVs. En la clasificación de los multimillonarios españoles en la lista Forbes de 2010 destacaba la presencia de constructores o promotores inmobiliarios entre un total de quince fortunas, incluyendo a Amancio Ortega (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial) y Enrique Bañuelos (Astroc).

La Agenda Económica y sus Consecuencias

Los intereses defendidos por ese sector más favorecido de la sociedad se deducen fácilmente de los argumentos propuestos para el impulso legislativo de las políticas económicas. Una mirada a los últimos años confirma la íntima relación entre el discurso de las instituciones participantes en el diálogo social (CEOE, UGT, CCOO), los Bancos Centrales (europeo y español), los grupos de presión, los organismos internacionales (BM, FMI) y el gobierno. Todos confluyen en una idea central: la acumulación sostenida de beneficios empresariales, disfrazada por los mantras del crecimiento y el empleo.

El Manifiesto de los 100, firmado en 2009 por un grupo de economistas, enfatizaba la degradación de las condiciones laborales como clave de la “reactivación laboral en España”, y posteriormente se pronunció sobre la supuesta necesidad de reducir las pensiones. Declaraciones como las del director de Coyuntura Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros, quien afirmó que había llegado la hora de “poner patas arriba” el Estatuto de los Trabajadores creando un contrato único indefinido con indemnizaciones por despido más baratas o eliminando la autorización administrativa para el despido colectivo mediante ERE. Un ejemplo de esta retórica fue la afirmación de un expresidente de la CEOE en 2010: “Solamente se puede salir de la crisis de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos”.

Disparidad Salarial: Un Reflejo de la Desigualdad

La disparidad entre los ingresos de la alta dirección y los trabajadores es alarmante, evidenciando una profunda desigualdad dentro del modelo empresarial.

En 2011, la alta dirección y los consejos de las empresas del Ibex-35 (unas 540 personas) recibieron 625 millones en salarios, lo mismo que 40.000 trabajadores con salario medio. En 2015, los miembros de los consejos de administración de las siete principales entidades financieras se repartieron 71,9 millones, un incremento del 16,6% respecto al año anterior.

Corrupción Sistémica y sus Ramificaciones

La respuesta de los estados es destinar billones de dólares y euros a realimentar una crisis fiscal contra la que se reclaman más medidas de ajuste, desmantelar el sector público para la apropiación privada de sus espacios y recursos, perpetuar una reforma laboral permanente y habilitar el control de las decisiones políticas desde los mercados. Políticos, administraciones, empresarios y corporaciones operan en base a la lógica del “keynesianismo invertido” para sostener la acumulación privada.

El crash del año 2008 ha sumido a la sociedad española en una crisis permanente, dando la bienvenida a la miseria. Esto nos obliga a hacer memoria del saqueo en reconocimiento de quienes luchan y resisten contra los efectos más perniciosos de esa crisis: las hipotecas y sus desahucios, las acciones preferentes, la deuda pública y la reforma del artículo 135 de la Constitución Española son formas de acumulación por desposesión financiera que se suman a la entrada de capital privado en los hospitales públicos, el copago sanitario, la exclusión sanitaria de las personas migrantes, las contrarreformas laborales y educativas, el encarecimiento de la formación universitaria hasta límites inasumibles y así, sucesivamente, hasta una auténtica reconfiguración de la mano izquierda del estado.

Además de la lista de escándalos de corrupción que incluye nombres como Malaya, Bárcenas, Gürtel, Taula, Líber, EREs, Bankia, y muchos otros, se suma el latrocinio continuado de las compañías eléctricas y la corrupción como forma normal de gestión gubernativa. En cuanto las corporaciones reorientaron su apetito hacia los bienes y servicios antes pensados como derechos, el estado puso las condiciones de posibilidad para semejantes crímenes. La economía política de la regulación corporativa se convierte en un arma de doble filo cuando las agencias reguladoras no se someten al escrutinio público y detrás no hay un movimiento social capaz de tensionar dichas agencias.