El Caso Palau: La Realidad del 3% y la Financiación Irregular de CDC
La sentencia del caso Palau ha puesto de manifiesto la existencia de un entramado de corrupción y financiación irregular que ha salpicado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y a figuras destacadas de la institución cultural Palau de la Música. Este caso, que se conoció el 23 de julio de 2009 con el registro de la Fiscalía Anticorrupción en la institución, desveló un desfalco millonario y un sistema de cobro de comisiones ilícitas.
El Entramado de Comisiones y Desvíos de Fondos
La sentencia considera probado que Félix Millet y Jordi y Gemma Montull, exresponsables del Palau de la Música, organizaron un sistema mediante el cual Ferrovial-Agroman vehiculaba comisiones a CDC a través del Palau. El objetivo era la consecución de obra pública en concursos promovidos por entidades autonómicas o locales gobernadas por miembros de Convergència.
La comisión establecida era del 4% sobre el contrato otorgado. De este porcentaje, el 2,5% estaba destinado al partido político, mientras que el 1,5% restante se lo repartían Millet y Montull, con un 80% para el primero y un 20% para el segundo. Este sistema fue pactado inicialmente con el antiguo tesorero de CDC, Carles Torrent (ya fallecido), y continuó con su sucesor, Daniel Osàcar.
La Audiencia de Barcelona ha ordenado el decomiso de 6.676.105 euros a CDC, la cantidad que el partido obtuvo entre 1999 y 2009 mediante esta trama. Además, el fallo cifra en 23 millones de euros el desfalco perpetrado en el Palau de la Música por Millet y los Montull. Gran parte de este dinero fue destinado a gastos personales de los responsables de la institución, incluyendo viajes de vacaciones, obras en sus casas y bodas de las hijas de Millet. Actualmente, aún se desconoce el destino de 6.026.866 euros.
La auditoría realizada por Hacienda sobre el desfalco señala que entre 2002 y 2009 se evaporaron 22.731.817 euros de las cuentas del Palau, de los cuales no hay rastro de 9.677.313 euros. La auditoría interna del propio Palau, encargada a Deloitte, elevó esta cantidad a 35 millones de euros.
Uno de los principales métodos de operación consistía en retirar dinero de los bancos y depositarlo en una caja fuerte en el edificio del Palau, con situaciones en las que bedeles transitaban por la Via Laietana con mochilas repletas de billetes. Según Hacienda, Millet se apropió de 7.021.245 euros y Jordi Montull de 1.318.443 euros. Estas ganancias se anotaban en libretas con las siglas "GPO", que, según la acusación, significaban "guanys per obra" (ganancias por obra).
El Papel de los Empresarios en la Trama
Varios empresarios procesados en el juicio por el saqueo del Palau de la Música han confesado que la institución abonó facturas de empresas que habían realizado servicios para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Miguel Giménez-Salinas, exconsejero delegado de la agencia de publicidad Altraforma, declaró que entre 2006 y 2007 presentó tres facturas por valor de 190.000 euros al Palau por trabajos realizados para CDC. Giménez-Salinas admitió su "frivolidad" al aceptar esta forma de pago y reconoció que tenían una relación "exquisita" y de muchos años con CDC. Aseguró que esta era la forma de "cobrar rápido" y que llegó a un acuerdo con el Palau para devolver el dinero.
Juan Manuel Parra, gerente de Hispart (dedicada a montajes audiovisuales con el nombre comercial de Stereorent), admitió haber presentado 13 facturas al Palau entre 2004 y 2008 por un valor de 825.000 euros para cobrar trabajos realizados en la campaña electoral de Convergència de 2004. Parra afirmó que lo hicieron por orden del extesorero de CDC Carles Torrent y que era la única forma de cobrar por ese servicio. Sin embargo, Parra aseguró que Daniel Osàcar, sucesor de Torrent, "no sabía nada del tema" cuando fue a reclamarle pagos.
Vista exterior del Palau de la Música Catalana, escenario central del escándalo.
Tabla de Empresarios Implicados y sus Roles
El final del Caso Palau | España
| Empresario | Empresa | Rol en la trama | Monto de facturas falsas (aprox.) | Condena (sentencia inicial) |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Giménez-Salinas | Altraforma (publicidad) | Presentó facturas al Palau por servicios a CDC. | 190.000 euros | 8 meses de prisión |
| Juan Manuel Parra | Hispart (montajes audiovisuales) | Presentó facturas al Palau por servicios a CDC (campaña electoral). | 825.000 euros | 8 meses de prisión |
| Pedro Luís Rodríguez | Desconocido | Cobró trabajos para el Palau que eran para CDC. | Desconocido | 1 año y 9 meses de prisión |
| Vicente Muñoz | Desconocido | Cobró trabajos para el Palau que eran para CDC. | Desconocido | 1 año y 9 meses de prisión |
| Juan Antonio Menchén | Desconocido | Cobró trabajos para el Palau que eran para CDC. | Desconocido | 1 año y 9 meses de prisión |
| Emilio Vidal | Desconocido | Imputado por presunta falsedad en documento mercantil. | Desconocido | Pendiente de resolución |
| Macià Orriols | Desconocido | Imputado por presunta falsedad en documento mercantil. | Desconocido | Pendiente de resolución |
| Aleix Pareja | Desconocido | Imputado por presunta falsedad en documento mercantil. | Desconocido | Pendiente de resolución |
| Francisco Mañaricua | Desconocido | Imputado por presunta falsedad en documento mercantil. | Desconocido | Pendiente de resolución |
| Jesús Contreras | Desconocido | Imputado por presunta falsedad en documento mercantil. | Desconocido | Pendiente de resolución |
| Pablo Rajo | Desconocido | Imputado por presunta falsedad en documento mercantil. | Desconocido | Pendiente de resolución |
| Juan Antonio Rodes | Desconocido | Imputado por presunta falsedad en documento mercantil. | Desconocido | Pendiente de resolución |
| Jorge Adroer | Desconocido | Imputado por presunta falsedad en documento mercantil. | Desconocido | Pendiente de resolución |
| Alejandro Casamada | Desconocido | Imputado por presunta falsedad en documento mercantil. | Desconocido | Pendiente de resolución |
Nota: La tabla incluye a empresarios condenados en la sentencia inicial y a otros que fueron posteriormente imputados y cuya situación procesal puede haber variado.
Condenas y Absoluciones
La Audiencia de Barcelona ha emitido condenas significativas en el caso Palau. Daniel Osàcar, extesorero de CDC, ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por el cobro de comisiones ilícitas de Ferrovial. Félix Millet ha recibido una pena de nueve años y ocho meses de prisión, Jordi Montull a siete años y seis meses, y Gemma Montull a cuatro años y seis meses.
Además, se ha condenado a otras ocho personas. Los tres asesores fiscales externos del Palau de la Música, Raimon Bergós, Santiago Llopart y Edmundo Quintana, han sido condenados a dos años, un año y nueve meses, y once meses de prisión, respectivamente. Los cinco empresarios que cobraron por trabajos para el Palau que en realidad eran para CDC, Pedro Luís Rodríguez, Vicente Muñoz, Juan Antonio Menchén, Miguel Giménez-Salinas y Juan Manuel Parra, han recibido penas de un año y nueve meses (los tres primeros) y ocho meses (los dos últimos).
Por otro lado, los magistrados han absuelto a Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, un directivo y un exdirectivo de Ferrovial; a Rosa Garicano, exdirectora general del Palau; y al empresario Marc Martí.
Jordi Montull deberá pagar una multa total de 4.120.540,17 euros, y su hija Gemma, 2.998.284,81 euros. Millet y Montull han devuelto hasta la fecha 6.373.300 euros del dinero desfalcado.
Carles Torrent, extesorero de CDC y figura clave en el inicio del esquema de comisiones.
La Negación de Ferrovial
Los exdirectivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, negaron "con rotundidad" que los millonarios patrocinios destinados al Palau de la Música ocultaran comisiones ilícitas para la formación nacionalista. Según su versión, los patrocinios, que ascendieron a más de 11 millones de euros entre 2001 y 2010, buscaban dar a conocer a la constructora en Cataluña, asociándola a una institución de "prestigio". Buenaventura explicó que sus reuniones con Millet estaban relacionadas con las obras de reforma del Palau, un proyecto que sufrió retrasos y generó problemas.
Ferrovial Agroman, filial del grupo Ferrovial, ha reiterado que el patrocinio al Palau de la Música siempre implicó la celebración de los actos culturales previstos y que no recibió ningún trato de privilegio en las adjudicaciones de obras.
El caso Palau de la Música ha tenido una innegable incidencia en la vida política catalana, revelando la oscura relación entre la política, los negocios y la cultura.